La desescalada judicial arranca hoy, con la incorporación de los jueces y magistrados, y progresivamente de los funcionarios destinados en los órganos judiciales. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado sábado la orden del Ministerio de Justicia que aprueba el esquema de seguridad laboral y el plan de desescalada para la administración de Justicia ante el Covid-19.

La Fase I de la desescalada, que se inicia precisamente este martes, se denomina “Inicio de la reincorporación programada”, en la que está previsto que acudan a cada centro de trabajo entre un 30 y un 40% de los funcionarios que prestan servicio en los órganos judiciales y tribunales.

La Consejería de Justicia ha dictado este lunes una orden, en cumplimiento con lo establecido por la última resolución del Ministerio de Justicia para la recuperación de la actividad de la Administración de Justicia paralizada por la crisis sanitaria del Covid-19, en la que acuerda la vuelta al trabajo presencial para el 33% de la plantilla de cada uno de los órganos judiciales andaluces a partir de hoy, 12 de mayo.

La orden de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal establece en un 33% el porcentaje de funcionarios que desde mañana deben acudir de forma presencial a los órganos y servicios judiciales, Fiscalía e Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), siguiendo así las fases establecidas por el Ministerio de Justicia, para una vuelta progresiva. No obstante, los servicios de guardia, deberán contar con toda la dotación de personal que preste dicho servicio para su adecuada atención.

De esta forma, a partir de mañana cada uno de los órganos judiciales contará con un 33% de su plantilla habitual, salvo aquellos funcionarios que por estar incluidos en algunos de los grupos considerados de riesgo o estén al cuidado de personas mayores y niños menores de 14 años permanecerán en permiso por deber inexcusable.

Igualmente, la resolución precisa que todo el personal de los órganos judiciales queda sujeto a las necesidades del servicio y deberán estar a disposición cuando se les requiera, para la prestación de los servicios encomendados. Además, cuando los letrados de la Administración de Justicia consideren necesaria la presencia por razones del servicio de un porcentaje superior de la plantilla, deberán solicitar autorización expresa a la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, remitiendo el informe preceptivo.

La orden también señala que cuando los servicios no puedan ser atendidos por el personal titular, podrán establecerse turnos de sustitución entre órganos judiciales.

La Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal tiene previsto la elaboración de próximas órdenes para ir adaptando la vuelta del personal funcionario a las fases establecidas por el Ministerio, en función de las medidas que se vayan adoptando por el Gobierno en cada una de ellas, hasta alcanzar el 100% de la plantilla de manera presencial prevista, inicialmente, para el 22 de junio.

La Fase II, el 19 de mayo

La Fase II se denomina “Preparación para la reactivación de los plazos procesales”. Según la orden del Ministerio, esta fase se iniciará cuando haya transcurrido al menos “una semana” desde el inicio de la fase I, es decir, que podría comenzar el 19 de mayo. En esta fase está previsto que acudan a los centros de trabajo entre un 60 y un 70% de los funcionarios de Justicia, en turnos de mañana y tarde, “si así se establece”, detalla el Ministerio.

La fase III, que Justicia define como “Actividad ordinaria, con plazos procesales activados”, se iniciará siempre que hayan transcurrido al menos dos semanas desde el inicio de la fase II, es decir, en el mejor de los supuestos comenzaría el 2 de junio. En esta fase se prevé que acuda ya al centro de trabajo el 100% de los funcionarios, en turnos de mañana y tarde en caso de que así se decida.

Por último, la Fase 4 de la desescalada en la Administración de Justicia se denomina “Actividad normalizada conforme a la situación anterior al estado de alarma” y, de esta forma, se iniciará en el momento en que se “levanten las recomendaciones sanitarias que permitan retornar a la situación de funcionamiento anterior a dicha declaración”. En esta fase acudirán a cada centro de trabajo el 100% de los funcionarios en su jornada ordinaria.

Para esta última fase no hay una fecha prevista, puesto que depende de la decisión del Gobierno de revocar la declaración del estado de alarma. Sin embargo, en un documento elaborado por la Consejería de Justicia de la Junta en el que también se establecían las cuatro fases para la desescalada, se apuntaba que la última fase, la de la vuelta a la normalidad y la incorporación de todos los funcionarios, podría iniciarse el 22 de junio. Todo dependerá, en cualquier caso, de la evolución de la pandemia, pero como establece la orden publicada en el BOE, la última fase no será posible mientras continúe vigente el estado de alarma.

La disposición establece, además, los criterios para la cobertura de los turnos de tarde establecidos por el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia para lo que reste de estado de alarma y los tres meses siguientes. La participación en esos turnos, creados para asegurar la distancia de seguridad entre las plantillas y evitar contagios, será, con carácter general, voluntaria.

El turno de mañana será de seis horas entre las 7.30 y las 14.00 y a él asistirá entre el 70 y el 80% de la plantilla. Al de tarde, de cuatro horas y media entre las 15.00 y las 20.00, asistirá entre el 20 y el 30% del personal que deba acudir según cada fase de la desescalada. Entre ambos se establece el período de una hora para proceder a la limpieza y desinfección de los puestos de trabajo y los espacios comunes. Durante la tarde no se prestará servicio de atención al público o a profesionales.

La disposición recoge de forma muy pormenorizada las medidas de seguridad laboral que deben desplegarse durante todo el proceso hacia la nueva normalidad. Entre las medidas de protección colectiva se establece con carácter general una distancia mínima de seguridad de dos metros en todos los espacios de trabajo modificando si es preciso la disposición de los puestos y la organización de la circulación de personas. En caso de que no se pueda garantizar esa seguridad, se utilizarán barreras físicas como mamparas o paneles.

Respecto a la atención al público, se realizará generalmente por vía telefónica o a través de correo electrónico. Si es necesario un trámite presencial, se organizará necesariamente a través de cita y manteniendo la distancia de seguridad y respetando un aforo máximo para garantizarla. La orden recoge, además, indicaciones muy concretas en materia de limpieza y desinfección de las superficies y espacios de trabajo, la ventilación de las instalaciones y la distribución de soluciones hidroalcohólicas.

En cuanto al uso de Equipos de Protección Individual, la disposición los prevé para trabajadores con atención directa al público. El uso de mascarilla se considera una medida de seguridad complementaria, pero no un reemplazo de otras medidas preventivas colectivas. Tanto las mascarillas como los guantes deben utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por otros medios de protección.