El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha mostrado este martes su "sorpresa" por las quejas que, según asegura, el Ministerio de Justicia ha realizado al conocer que la Administración andaluza está realizado test de coronavirus a los jueces y magistrados, miembros de la carrera judicial cuya competencia corresponde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia.

Con motivo de la reincorporación este martes de un 33% de los funcionarios de Justicia, que vuelven de manera presencial a los órganos judiciales y tribunales andaluces, el consejero ha defendido que la Junta realice test de coronavirus no sólo a los funcionarios públicos, entre ellos los de la Administración de Justicia, sino también a los jueces y magistrados. "Aunque no es competencia nuestra, es del Ministerio y del CGPJ", ha reconocido Marín, que ha destacado  que la realización de estos tres a los miembros de la carrera judicial ha provocado "muchas quejas del Ministerio".

Marín ha mostrado su sorpresa ante estas críticas porque, según ha dicho, que "la Junta de Andalucía, la Consejería de Justicia, quiera garantizar la salud y protección del coronavirus a sus empleados públicos no debería de molestarle al ministro ni al Gobierno. Al contrario, entiendo que otras Comunidades Autónomas no lo ha hecho; Andalucía es la única que lo está haciendo, pero esto debería servir de ejemplo, porque creemos cualquier ciudadano, además de cualquier trabajador que está de cara al público debe de tener todas las medidas de protección que hoy son necesarias para garantizar que no va a contagiarse del virus". Por ello, ha confiado en que Gobierno también aplique la realización de test a los jueces y magistrados "en el conjunto del territorio nacional".

El consejero de Justicia ha explicado, de otro lado, que este martes se ha incorporado con normalidad el 33% de la plantilla de Justicia "de forma presencial" y así se irá haciendo de forma progresiva hasta el 22 de junio, cuando estará incorporado "el 100% del personal". En este sentido, ha recordado que la orden del Ministerio de Justicia establecía la incorporación de entre el 30 del 40% y Andalucía ha optado por incorporar al 33%, "pero con todas las medidas de seguridad tanto para los trabajadores como para los ciudadanos que tengan algún asunto pendiente en alguna sede judicial de Andalucía", ha aseverado Juan Marín.

La incorporación del 33% de la plantilla representa una media de tres funcionarios por órgano judicial, aunque en algunas sedes, como el Registro Civil, son más funcionarios los que han vuelto al trabajo de manera presencial, no telemática. A nivel andaluz, son algo más de 2.000 los funcionarios incorporados a los juzgados, según han señalado a este periódico fuentes de la Consejería de Justicia.

La Fase II, el 19 de mayo

La Justicia ha entrado este martes en la fase I de la desescalada. La Fase II, que se denomina “Preparación para la reactivación de los plazos procesales”, se iniciará cuando haya transcurrido al menos “una semana” desde el inicio de la fase I, es decir, que podría comenzar el 19 de mayo. En esta fase está previsto que acudan a los centros de trabajo entre un 60 y un 70% de los funcionarios de Justicia, en turnos de mañana y tarde, “si así se establece”, detalla el Ministerio.

La fase III, que Justicia define como “Actividad ordinaria, con plazos procesales activados”, se iniciará siempre que hayan transcurrido al menos dos semanas desde el inicio de la fase II, es decir, en el mejor de los supuestos comenzaría el 2 de junio. En esta fase se prevé que acuda ya al centro de trabajo el 100% de los funcionarios, en turnos de mañana y tarde en caso de que así se decida.

Por último, la Fase 4 de la desescalada en la Administración de Justicia se denomina “Actividad normalizada conforme a la situación anterior al estado de alarma” y, de esta forma, se iniciará en el momento en que se “levanten las recomendaciones sanitarias que permitan retornar a la situación de funcionamiento anterior a dicha declaración”. En esta fase acudirán a cada centro de trabajo el 100% de los funcionarios en su jornada ordinaria.

Para esta última fase no hay una fecha prevista, puesto que depende de la decisión del Gobierno de revocar la declaración del estado de alarma, aunque la Junta considera que será en torno al 22 de junio.