Jurado Popular

Disuelto el jurado que tenía previsto enjuiciar el crimen de una mujer en la avenida de la Cruz Roja

Hasta hoy, el tribunal del jurado solo se había disuelto una vez en sus 21 años de historia en la Audiencia de Sevilla. Fue en octubre de 2019 cuando el acusado de matar a su bebé en la barriada de El Cerezo estuvo en coma inducido en la UCI tras haber intentado suicidarse. Este hombre fue condenado a 20 años por la Audiencia, aunque el TSJA rebajó posteriormente la condena a cuatro años. En esta ocasión, el acusado de matar a una mujer y quemar después el colchón donde estaba el cadáver en la avenida de la Cruz Roja en Sevilla en julio de 2020 está ingresado en la UCI, por lo que el jurado se ha disuelto y el juicio tendrá que esperar hasta un nuevo señalamiento.

El fiscal solicita para el acusado, Jorge A. G.,. 23 años de prisión por un delito de asesinato; cinco años de cárcel por un delito de robo con violencia con la agravante de reincidencia; dos años de prisión por un delito de daños mediante incendio, y el pago de una multa de 360 euros por un delito leve continuado de estafa, así como que indemnice con 60.000 euros a la hija de la víctima en concepto de daño moral y con 10.536,60 euros al propietario de la vivienda por los daños materiales causados. 

Por su parte, el abogado Alejandro Gómez Luna, que ejerce la acusación particular en nombre de la hija de la asesinada, eleva su petición a 33 años por delitos de asesinato (25 años), robo violento (5 años) y daños (3 años). A ello añade 100.000 euros de indemnización a la hija y 195 euros por los 16 gastos que hizo con la tarjeta que robó a la víctima.

Según el relato de los hechos de la Fiscalía, el 20 de julio de 2020, el acusado consiguió hablar con la fallecida a través de una página de contactos donde ella se anunciaba, concertando ambos una cita para mantener relaciones sexuales a las 18:00 de esa tarde. La mujer, por motivos de seguridad, le indicó sólo que la vivienda se situaba en la zona de la Avenida de la Cruz Roja de Sevilla. El Ministerio Público afirma que fue hasta allí "con el designio, puesto que carecía de metálico para abonar el servicio sexual, de enriquecerse apoderándose de cuantos efectos de valor pudieran hallarse en la vivienda en que fuera atendido".

Según fuentes del caso, el acusado, que está ingresado en la UCI, fue condenado en 2011 a 6 años y 3 meses de cárcel por unas lesiones similares a una mujer de 80 años en Coria del Río, en cuya vivienda entró simulando ser fontanero y la estranguló hasta dejar inconsciente, róbandole joyas valoradas en 2.192 euros. El patrón de la agresión fue el mismo, pues la mujer de 80 años sufrió una fisura del cartílago tiroides, traumatismo en la laringe y parálisis de las cuerdas vocales debido a la fuerza ejercida por el agresor.

Murió asfixiada con una toalla

El Ministerio Público precisa que, cuando ambos se vieron en el punto en el que habían quedado, la mujer facilitó al investigado el nombre de la calle, aunque no el número, que se lo remitió por whatsapp a las 17:57. Una vez dentro, el acusado fue invitado por la fallecida a ducharse en el baño contiguo al dormitorio principal donde iba a tener lugar la relación, para lo que le facilitó una toalla.

Según expone el fiscal, el investigado, tras ducharse, accedió a dicho dormitorio, echándose entonces la mujer sobre la cama a fin de practicar el acto sexual, de modo que el encausado aprovechó "la situación de indefensión que aquella presentaba y el supuesto propósito de la visita para, colocándose encima de ella y anudándole al cuello una toalla, proceder a presionar el mismo con objeto de darle muerte hasta producírsela por asfixia mecánica, empleando para ello tal fuerza física que llegó a fracturarle la primera costilla de ambos lados".

El relato del Ministerio Público afirma que el acusado se hizo con los dos teléfonos móviles de la mujer y con una cartera que contenía su documentación personal y su tarjeta de crédito, tras lo que, "a fin de eliminar cualquier vestigio biológico que pudiera asociarlo al lugar", recogió una toalla que había empleado y, usando un medio no determinado, prendió fuego al colchón donde yacía el cadáver, abandonando a continuación la vivienda.

La Fiscalía asevera que el acusado actuó "con absoluto desprecio del riesgo" que su acción "pudiera entrañar para la vida o integridad física de las personas, al tratarse de una zona densamente poblada, si bien no consta que lo produjera de hecho", siendo los vecinos los que avisaron sobre las 19:32 de ese mismo día al Servicio de Extinción de Incendios, que halló a la víctima sobre la cama con quemaduras de tercer grado.

En el periodo comprendido entre que abandonó la vivienda y hasta que fue detenido por la Policía a las 21:40 del día siguiente al crimen, el investigado, "guiado asimismo de un ánimo de ilícito beneficio, se sirvió" de la tarjeta de crédito de la víctima, "fingiendo ser su legítimo titular", utilizándola en 16 ocasiones tanto para comprar como para pagar consumiciones en diferentes bares, gastando un total de 195,29 euros, según el Ministerio Público.

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