La asociación de consumidores y usuarios Facua ha considerado este lunes que la multa de 2.000 euros que el Ayuntamiento de Sevilla ha impuesto a Magrudis es un "insulto a los fallecidos" por el mayor brote de  listeriosis detectado en España, que provocó la muerte de cuatro personas y el aborto de seis mujeres.

En relación con la sanción de 2.000 euros, que ha adelantado hoy Diario de Sevilla, Facua ha recordado que el expediente abierto por el Consistorio contra la empresa se ha resuelto con la imposición de dicha multa por una "infracción muy grave" de la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades (OROA) por las "diversas irregularidades" detectadas en la licencia que se concedió en su día. Así, indica que las mismas permitieron "eludir el control administrativo previo" y que se ha determinado "la ineficacia de la documentación aportada".

El Consistorio afirma que, entre las deficiencias encontradas, se encuentran que el proyecto presentado por Magrudis define en la página 42 la actividad como “inocua”, "un grave error de concepto" según el inspector, el certificado final de la instalación, el certificado de contaminación del suelo, el de alumbrado exterior y el de prevención y calidad acústica “no vienen suscritos por el técnico con firma auténtica”, así como que el proyecto no describe la capacidad de producción de Magrudis, "carece de instalaciones de fontanería, saneamiento, refrigeración, electricidad e iluminación, tanto interior como exterior” y los números de las naves ni siquiera coinciden con la dirección.

Ante esta cantidad de irregularidades detectadas ahora, Facua Sevilla recuerda que, hasta que estalló el brote de listeriosis el verano pasado, los responsables de la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento "no se molestaron en revisar la documentación relativa a la declaración responsable" presentada por los responsables de Magrudis a finales de 2018 y que estaba "llena de irregularidades".

Así, la asociación advierte de que con la imposición de una multa con "una cuantía tan ridícula el Ayuntamiento de Sevilla está dejando claro que, por muy graves que sean las irregularidades que se cometan en la industria alimentaria, no va a castigarlas con ninguna contundencia".

En este sentido, FACUA Sevilla critica que el Ayuntamiento haya planteado un régimen sancionador ridículo para las infracciones de la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades -aprobada en 2018-, que afecta a sectores de actividad que pueden estar vinculados a la salud y seguridad de los consumidores. Las multas para las infracciones muy graves van de 1.501 a 3.000 euros. En el caso de Magrudis, además, ni siquiera ha impuesto la sanción máxima, multando con sólo 2.000 euros.

"Grave dejación" de responsabilidades

La asociación advierte de que el Consistorio incurrió en una "grave dejación de responsabilidades", al no haber adoptado medidas contra Magrudis tras haber constatado ya irregularidades en su primera inspección, que tuvo lugar en noviembre de 2016. En la causa judicial se encuentra además imputada junto a los responsables de la empresa una veterinaria municipal.

Facua ha señala igualmente que en julio de 2017, la Inspección de Consumo decidió, "de forma indebida", reducir el nivel de riesgo de Magrudis y la pasó de la A -la más alta- a la C. La inspectora, la misma que había visitado la fábrica ocho meses atrás, concluyó que la empresa había dejado de distribuir sus productos en la provincia de Sevilla y que ya sólo lo hacía en la capital, lo que provocó que se ampliara el plazo para realizar las inspecciones periódica. Así, pasó de ser semestral a una sola inspección cada 18 meses. Inspección que volvía a corresponder en enero de 2019 y que nunca se realizó hasta que siete meses después estalló la alerta alimentaria por la Listeria en productos de Magrudis, denuncia.

El último y posiblemente "más grave de este cúmulo de despropósitos", según la asociación de consumidores, se produjo en diciembre de 2018. Tras cinco años y medio operando de forma clandestina en lo que se refiere a la licencia municipal, Magrudis presentó a la Delegación de Medio Ambiente una declaración responsable y desde el Consistorio no se procedió a paralizar la actividad de la empresa. Y es que en realidad el fabricante de los productos La Mechá estaba obligado a solicitar una licencia de actividad, que implica una inspección municipal en el plazo máximo de un mes para dar o no el visto bueno a que la empresa operase.