La Fiscalía Anticorrupción ha pedido otros siete años de cárcel para el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, por las ayudas concedidas en otra pieza del caso de los ERE, denominada de las "pólizas individuales" por las ayudas concedidas a "amigos y vecinos", una causa en la que hay procesadas otras cinco personas y en la que el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana acaba de dictar el auto de apertura de juicio oral contra los acusados. El auto se produce después de que la Audiencia de Sevilla haya rechazado la exclusión de Guerrero de esta pieza, en aplicación del principio 'non bis in ídem', dado que Guerrero ya ha sido juzgado y condenado a siete años y once meses de prisión en la "pieza política" de los ERE.
En concreto, el Ministerio Público ha solicitado para Javier Guerrero siete años de prisión y 17 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, mientras que, por esos mismos delitos, ha pedido para los representantes de la mediadora Vitalia y Vitalia Vida Antonio José Albarracín y Jesús María Rodríguez Bordallo 6 años y 10 meses de cárcel y 16 años de inhabilitación absoluta y 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta, respectivamente.
Asimismo, el Ministerio Fiscal ha reclamado para dos de los beneficiarios de las pólizas, Alejandro Millán Torres y Cristina Ruiz Castillo una pena de cuatro años y 5 meses de prisión y 7 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por los delitos de prevaricación y malversación, mientras que para el último investigado, Rafael Ruiz García, ha solicitado dos años y 11 meses de prisión y 5 años y 11 meses de inhabilitación. En concepto de responsabilidad civil, pide que los seis investigados abonen de forma conjunta y solidaria distintas cantidades que, en total, suman 932.271,57 euros. La Fiscalía aplica en todos los casos la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas y en el caso de unos de los beneficiarios de las pólizas la atenuante de reparación del daño.
Por su parte, la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía acusa a los seis investigados y, en el caso de Francisco Javier Guerrero, le reclama nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación; cinco años de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación; y, por un delito de tráfico de influencias, 6 meses de cárcel, 3 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y el pago de una multa de 1.388.685,94 euros. También pide que Guerrero y el resto de acusados indemnicen a la Junta de forma conjunta y solidaria con distintas cantidades que alcanzan en total los 877.227,89 euros.
En septiembre pasado, el juez Vilaplana procesó a estas seis personas en el auto de procesamiento en el que explicó que el objeto de esta pieza separada lo constituye lo que se han venido a denominar las "pólizas individuales", en referencia a pólizas de seguro de rentas temporales y/o capital diferido concertadas, sin causa justificada, a iniciativa del ex director general de Trabajo, y todo ello "en beneficio –vía certificados individuales- de personas físicas de su entorno cercano, cuatro personas en este caso (amigos y vecinos), bien por propia iniciativa" de Javier Guerrero o "bien por pedírselo la persona interesada".
El instructor, que sustituye a la juez María Núñez Bolaños durante su baja por enfermedad, ponía de manifiesto que estas personas "resultaron beneficiadas injustificadamente con elevadas cantidades de dinero al aparecer la propia Dirección General de Trabajo como tomadora de los seguros, cuyas primas se abonaron mediante el método de los llamados "pagos cruzados" a través de cartas remitidas por el ex alto cargo investigado "a compañías aseguradoras que ya disponían de fondos públicos -concedidos a través del denominado procedimiento específico (objeto, como es notorio, de otra causa penal)- para que determinadas cantidades fueran desviadas en beneficio de aquéllas personas para el pago de los seguros concertados individualmente sobre ellas".
De este modo, el juez precisa que "se habrían llevado a cabo pagos particularizados, directamente concertados por el entonces director general de Trabajo para beneficiar a cuatro personas con las que tenía cierta vinculación personal, aprovechándose del cauce abierto por aquel procedimiento específico".
El instructor señala que, según resulta de las actuaciones, Guerrero "aprovechó la suscripción en el curso de los años 2002, 2006 y 2007 –fundamentalmente- de diversas pólizas de seguro de rentas de supervivencia y capital diferido mediante las cuales la Consejería de Empleo pretendía hacer llegar ayudas públicas a empresas en situación de crisis o conflicto laboral, para introducir en tales pólizas o en sus ampliaciones, al margen de cualquier expediente de regulación de empleo o ayuda sociolaboral", a cuatro varones, dos de los cuales ya han fallecido (uno de ellos ex alcalde de El Pedroso).
Vilaplana destaca que Guerrero “mantenía relación de amistad y vecindad” con estos cuatro hombres, que fueron "introducidos de manera fraudulenta como asegurados y beneficiarios de las pólizas mediante certificados individuales con la finalidad de ver aumentados indebida y considerablemente sus ingresos mediante la obtención de elevados importes de renta, con cargo a fondos públicos, cuando ya eran al propio tiempo beneficiarios de otras prestaciones o de otras ayudas públicas (por diversas contingencias, incapacidad, desempleo, etc)”.
El juez considera que estas cuatro personas, "a sabiendas de que no tenían derecho a ellas, y al margen de la legalidad vigente, se prevalieron de su relación de amistad" con Guerrero “para solicitar y obtener las rentas derivadas de la suscripción de las correspondientes pólizas de seguro, rentas que estuvieron percibiendo durante varios años”.
Con la connivencia de los directivos de Vitalia
"Mediante el mecanismo defraudatorio descrito", el ex director de Trabajo "conseguía favorecer y posibilitar el consiguiente desvío fraudulento de fondos públicos, eludiendo así cualquier control administrativo, financiero y presupuestario", agrega el juez, que indica igualmente que Guerrero "articuló todo este mecanismo defraudatorio en connivencia” con otras dos personas que también han sido encausadas, como el ex directivo de Vitalia Antonio José Albarracín, y el representante y trabajador de la mediadora Vitalia Vida Jesús María Bordallo Rodríguez.
Sobre Cristina Ruiz Castillo, el juez indció que "prevaliéndose de su relación de amistad" con Guerrero, "instó a éste a que le concediera una ayuda pública a su padre -Rafael Ruiz- para completar sus ingresos".
Alejandro Millán Torres, oriundo de la localidad sevillana de El Pedroso y prejubilado en un ERE promovido en el año 2007 por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) S. A., percibió en concepto de ayuda un total de 333.072 euros, todo ello al mismo tiempo que era perceptor de una pensión por incapacidad permanente total y se dio de alta como autónomo. Por su parte, Rafael Ruiz García, vecino de Córdoba, está asociado a una póliza de seguro de rentas correspondiente a la compañía Cespa SA pese a no formar parte de su plantilla.
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