La Fiscalía de Sevilla ha acordado cerrar las tres investigaciones que había iniciado por las denuncias presentadas por el brote de listeriosis y ha trasladado la investigación al juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, para uniarlas a las dos diligencias previas que este juzgado mantiene abiertas en relación con las denuncias presentadas por sendos particulares afectados, según ha informado este martes la Fiscalía Superior de Andalucía.

La comunicación se ha remitido a este juzgado al ser responsable de la instrucción por el brote de listeriosis, dado que al estar investigando ya el caso un juzgado la Fiscalía no puede mantener abierta de forma simultánea unas diligencias sobre los mismos hechos.

De las tres denuncias remitidas ahora por la Fiscalía, dos fueron presentadas por la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, y la tercera, por el Ayuntamiento de Sevilla. La primera denuncia de la Junta, presentada el día 21 de agosto, se dirige contra la empresa Comercial Martínez León, para que se investigue si comercializó carne mechada reenvasada de Magrudis como marca blanca. La carne mechada que Magrudis comercializada como marca blanca también estaba contaminada con la bacteria listeria.

La segunda denuncia de Salud, fechada el 29 de agosto, se refiere a una supuesta obstrucción a la actividad inspectora al detectar productos de Magrudis que no estaban incluidos en la lista de los productos que comercializaba. La Junta había constatado la existencia de productos en los supermercados que la empresa no había comunicado a las administraciones y que no se encontraban en la fábrica del parque empresarial de El Pino, de acuerdo con las actas realizadas por los inspectores de la Junta y del Ayuntamiento de Sevilla.

La denuncia del Ayuntamiento de Sevilla, del 30 de agosto, se enmarca en la misma línea que la anterior por distribuir productos no declarados, al estimar que existen indicios suficientes que acreditarían que Magrudis no ha facilitado a las administraciones competentes toda la información necesaria para atender la alerta sanitaria y ha ocultado listados de distribución y comercialización necesarios para la investigación.

De momento, continúa abierta la investigación que la Fiscalía Superior de Andalucía inició por la denuncias de la Asociación Defensor del Paciente y de la Asociación Justicia por la Sanidad.

En el juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que dirige la juez Pilar Ordóñez, también se tendrá que acumular la querella presentada por la asociación de consumidores Facua por un delito contra la salud pública.

Penas de hasta cuatro años de cárcel

Inicialmente, los hechos que se investigan podrían enmarcarse en un delito contra la salud pública. El artículo 363 del Código Penal establece penas de entre uno y cuatro años de cárcel y multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de tres a seis años para “los productores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores” de varias formas, entre ellas “ofreciendo en el mercado productos alimentarios con omisión o alteración de los requisitos establecidos en las leyes o reglamentos sobre caducidad o composición”.

También castiga con esas penas a los que hayan fabricado o vendido “bebidas o comestibles destinados al consumo público y nocivos para la salud”; traficando “con géneros corrompidos” o “elaborando productos cuyo uso no se halle autorizado y sea perjudicial para la salud, o comerciando con ellos”. Por último, se incluye entre esas formas de poner en peligro la salud de los consumidores a los que oculten o sustraigan “efectos destinados a ser inutilizados o desinfectados, para comerciar con ellos”.

Precisamente la querella presentada por la Facua contra Magrudis el pasado 23 de agosto en los juzgados de Sevilla solicita la apertura de una investigación por un delito contra la salud pública, además de los que puedan dilucidarse en el transcurso de la instrucción y sin perjuicio de otras personas físicas o jurídicas que puedan resultar objeto de imputación a lo largo de la investigación.