El fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, ha acordado el archivo de la investigación abierta por los pagos que Juan Ignacio Zoido realizó al despacho del abogado del PP en los ERE Luis García Navarro por su intervención como acusación particular en el caso Mercasevilla en representación del Ayuntamiento hispalense.

La denuncia en la Fiscalía hispalense fuepresentada por el presidente del grupo Novasoft, Francisco José Barrionuevo, que figura como investigado en la macrocausa de Invercaria, y que atribuía supuestamente al letrado del PP delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa procesal y cooperación necesaria en un delito de falso testimonio en la causa de Invercaria.

Tras analizar los hechos, el fiscal jefe ha emitido un decreto en el que archiva las actuaciones, al entender que los hechos denunciados no son delictivos. En el caso de los contratos con el Ayuntamiento de Burguillos, el Ministerio Público ha remitido la denuncia al juzgado de Instrucción número 20 -que acordó el archivo de la causa- para que determine si se trata de hechos nuevos o no a los que fueron investigados y archivados.

La denuncia relataba que entre los años 2011 a 2015 el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado entonces por alcalde del PP Juan Ignacio Zoido, contrató al bufete García Navarro&Fuster Asociados para la "asesoría jurídica" del caso Mercasevilla, la empresa pública participada mayoritariamente por el Consistorio. En el año 2011, la contratación se realizó mediante la figura de un contrato menor por valor de 17.000 euros, mientras que en los años siguientes se tramitó como procedimientos negociados sin publicidad por importe de 51.000 euros en el año 2012, y de 57.000 euros en los tres siguientes ejercicios (2013, 2014 y 2015). En total, los pagos ascendieron a 239.000 euros.

Decía el denunciante que el procedimiento negociado sin publicidad debe ser utilizado “en contadas ocasiones, pues supone una excepción al principio de concurrencia, y en buena medida al de publicidad (principios básicos y fundamentales del Derecho de la contratación pública)”. Sin embargo, la Fiscalía recuerda que el contrato menor está regulado y el hecho de que se opte por este modelo no es en sí mismo delictivo, porque está contemplado en la ley para las actividades intelectuales. Según el Ministerio Público, la denuncia no apunta "ninguna irregularidad salvo destacar la excepcionalidad de este procedimiento".

En todos esos casos, la oferta ganadora fue la de Luis García Navarro por importe de 57.000 euros (2013, 2014 y 2015), mientras que en 2012 la adjudicación fue por valor de 51.000 euros. 

Por último, la Fiscalía tampoco aprecia ningún delito en la contratación del abogado desde 2008 como secretario adjunto del consejo de administración de la RTVA a propuesta del PP con “dedicación exclusiva” hasta que fue cesado en julio de 2018, por lo que concluye que no aprecia delitos de tráfico de influencias ni de malversación ni de estafa procesal en los hechos denunciados.