Morón de la Frontera

La Fiscalía pide un año de cárcel para los dos acusados de amenazar con "pegar un tiro" al dueño de un bar

  • Los procesados le exigían el pago de 7.000 euros "como compensación a una supuesta traición"

Fachada de la Audiencia Provincial de Sevilla Fachada de la Audiencia Provincial de Sevilla

Fachada de la Audiencia Provincial de Sevilla / Juan Carlos Vázquez (Sevilla)

Un jurado popular enjuiciará a partir del próximo día 14 de diciembre en la Audiencia Provincial de Sevilla a dos varones acusados de amenazar con "pegar un tiro" al dueño de un bar de Morón de la Frontera si no les pagaba un total de 7.000 euros que le exigían "como compensación por una supuesta traición" cometida contra ellos por la víctima. La Fiscalía reclama para cada uno de ellos un año de cárcel, según informa la oficina de comunicación del TSJA. 

En su escrito de acusación, el Ministerio Público pide para cada acusado un año de prisión y la prohibición durante dos años de comunicarse o aproximarse a menos de 200 metros de la víctima por un presunto delito de amenazas condicionales.

La Fiscalía relata en su escrito que los hechos tuvieron lugar sobre las 10:00 del 22 de septiembre de 2018, cuando los dos encausados se personaron en el bar del amenazado y entablaron una conversación con él, en el transcurso de la cual, "con intención de amedrentarlo", uno de los investigados "dejó caer sobre el mostrador una pistola" mientras le proferían frases tales como "por el bien de tu familia tienes que solucionar el tema", "si quieres seguir para adelante tienes que pagar 7.000 euros", "si no pagas vamos a hacer daño a ti y a tu familia, te vamos a hacer la vida imposible", o "será tu familia la que pague".

Según el Ministerio Público, los investigados le dijeron "en varias ocasiones" que "si no pagaba los 7.000 euros, que ellos le exigían como compensación por una supuesta traición cometida" por el perjudicado contra ellos, "le pegarían un tiro".Con fecha 28 de septiembre de 2018, se dictó auto que impuso a los acusados la prohibición de comunicarse o aproximarse a menos de 200 metros de la víctima.

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