La Fiscalía de Sevilla, a través del fiscal especializado en Discapacidad, ha presentado este viernes una denuncia en el Juzgado contra el director de la residencia de mayores de Sevilla Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, clausurada el pasado mes de mayo por orden de la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía, tras varias inspecciones a las instalaciones. La investigación, realizada por la Fiscalía y la comunicación de las inspecciones de la Junta, concluye con la denuncia  y señala cuatro delitos en el funcionamiento, cuidados y gestión de la residencia: delito por abandono de personas con discapacidad y vulnerables necesitadas de especial protección, delito contra la integridad moral, delito de lesiones y falsedad en documento oficial.

La denuncia señala que desde el año 2018 no se ha prestado una asistencia adecuada con un importante riesgo para la salud, por tanto para la vida e integridad de los mayores que estaban bajo su guarda de hecho, según ha informado la Fiscalía.

Así, se han encontrado alimentos caducados, como huevos, sin menú visado por especialista y alimentos almacenados bajo productos de limpieza. También se ha apreciado riesgo para vida y salud por usar contenciones no homologadas y sin control. El uso de éstas entraña un grave riesgo de lesiones cuando no están prescritas por facultativo y controlados de manera exhaustiva y la falta de control de alimentos. Se ha registrado importantes caídas frecuente en mayores con riesgo, por abandono, no cuidado directo a pesar de las enormes limitaciones de algunos de ellos. Barandilla sin cumplir normas de seguridad de incendios, falta de revisiones de gas o luz. No prestar o solicitar auxilio inmediato a personas mayores, a pesar del requerimiento y advertencia del servicio de inspección.

De igual forma, se ha superado la ratio de mayores, esencialmente dependientes, lo que supone un grave riesgo para la salud, a no contar con medios suficientes para atender a estas personas y la falta de registro correcto, por ausencia del mismo, sin expediente personal lo que supone un riesgo de importancia al no conocerse la situación real de los residentes. 

Las inspecciones de la Junta a la residencia desde 2018 a 2020 ya recogían algunas irregularidades que debían ser subsanadas. En 2021 se requiere subsanar incumplimientos como el  registro de expedientes individuales, autorizaciones judiciales, firmas de contrato, contención mecánica, escasez de alimentos, visado de menú y la ocupación del centro con mayor número de grandes dependientes de los autorizados y la ratio  del personal. Irregularidades que no se llegan a subsanar en la nueva inspección de 2022 y que produce la orden de cierre de la residencia.