La Fiscalía de Sevilla ha pedido a la juez de Instrucción número 13 que cite a declarar a uno de los trabajadores del restaurante Princi.pico, donde se produjo el pasado Día de Reyes un incidente con el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera. La Fiscalía también ha solicitado a la juez la prórroga de la investigación por otros seis meses más.

En un escrito remitido al juzgado, el Ministerio Público considera que, tal y como solicitó en marzo pasada, "procede recibir declaración en calidad de testigos a los trabajadores que prestaron sus servicios el día de autos" y, como ya ha declarado el encargado del establecimiento, quedaría por oír a un empleado "que sería, en su caso, quien recibió el apelativo", dice la fiscal del caso en alusión a los supuestos insultos racistas.

Sin embargo, el encargado del restaurante Princi.pico, Roberto Murados, reiteró en su declaración en septiembre pasado ante la juez que Juan Carlos Cabrera, no profirió insultos racistas durante el incidente producido el pasado Día de Reyes.

El responsable del negocio aseguró entonces que no tiene constancia de que Cabrera llamara "sudaca de mierda" a un camarero o refiriéndose a él mismo. Según explicó el testigo a preguntas del abogado del concejal, Juan Carlos Cabrera se identificó con su cargo de delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, si bien Roberto Murados indicó que no puede precisar si lo hizo para "demostrar autoridad o porque conocía la normativa Covid vigente", después de que en el restaurante le negaran montar una mesa para los diez comensales que participaban en el almuerzo.

A preguntas de la acusación particular que ejerce Vox, el testigo ha reconocido que los motivos por los que se produjo una inspección del establecimiento el pasado 6 de enero fue por "el altercado" que tuvo con un cliente, del que se enteró posteriormente que era el concejal Cabrera.

El responsable del Princi.pico añadió que ese día se cumplían en el negocio todas las medidas anti Covid y que a la llegada de la familia del concejal les ofreció dos mesas para cinco comensales. Como consecuencia del incidente, se personó la Policía Local y la Nacional, y el negocio fue inspeccionado durante unas cuatro horas, pero al final ha señalado que ese día "no sufrió pérdidas económicas" a causa del altercado, sino que incluso los clientes "dejaron buenas propinas", algo que "pudiera ser por los hechos que presenciaron", agregó.

También reconoció que varios días después se produjo una reunión entre él y el delegado de Gobernación a instancias de su abogado, Joaquín Moeckel, un encuentro que se debió a la repercusión que había tenido el incidente y con la finalidad de zanjar la cuestión, añadiendo que en ese encuentro se "aclaró la situación de la tensión existente".

La declaración del responsable del restaurante se produjo después de que la acusación particular que ejerce Vox presentase una querella contra el concejal socialista, al que atribuye delitos de coacciones con el tipo agravado de abuso de autoridad, delito de odio, xenofobia, injurias, desorden público y prevaricación administrativa dolosa. Vox ha pedido a la juez que imponga como medida cautelar una fianza de 6.000 euros a Cabrera y aporta una declaración en vídeo del camarero que lo atendió y que, según Vox, confirma todos los aspectos denunciados, incluidos los supuestos insultos racistas.