Un sargento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha ratificado este lunes en el juicio que se sigue contra la ex cúpula de UGT-A, en el que se investiga un presunto fraude de más de 40 millones, que detectaron una diferencia de 1,6 millones de euros en la facturación del sindicato con la sociedad instrumental Soralpe, en relación con los alquileres de las aulas para la realización de los cursos de formación subvencionados.

A preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto, el sargento de la Guardia Civil ha ratificado el atestado en el que se analizó el circuito financiero entre la entidad Soralpe y los traspasos de capital con el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), vinculado a UGT, y la propia organización sindical, para lo cual analizaron la documentación recibida de la agencia tributaria, de las cuentas bancarias de Soralpe y la documentación intervenida en los registros de las entidades.

El agente ha afirmado que las principales fuentes de financiación de Soralpe entre los años 2009 y 2013 fueron los 7,1 millones recibidos de IFES y 5,2 millones de la UGT-A, y ha señalado que de los 71, millones de IFES unos 5,3 millones obedecían a los alquileres de aulas, aulas equipadas y equipos. Sin embargo, el testigo ha asegurado que había una diferencia de 1,6 millones entre los facturado y lo no facturado, una cantidad que el sargento ha dicho que "no pueden determinar a qué se debe", porque "no hay facturas que soporten esos pagos", ha añadido.

El testigo del Instituto Armado también ha llamado la atención sobre otra cantidad, en este caso, sobre unos 2,49 millones que transfirió Soralpe a UGT-A que se "justifica con un concepto genérico de pagos a cuenta", una cuestión sobre la que el guardia civil tampoco encuentra justificación para ese pago, ya que "no sabemos en contraprestación a qué se abona esa cantidad", ha afirmado.

Sobre estos pagos el investigador ha explicado que no le extrañaba que UGT destinara fondos a Soralpe, porque le prestaba un servicio, lo que "nos extraña es la salida de fondos de Soralpe a UGT y que fuese con unos conceptos tan genéricos como pagos a cuenta", ha insistido, aunque la Guardia Civil no ha analizado la contabilidad de Soralpe ni de la UGT-A.

A preguntas de las defensas de los acusados, el sargento de la Guardia Civil ha reconocido que Soralpe era una empresa "auxiliar" del sindicato que, no obstante, tenía al menos otros ocho clientes además de la UGT-A, si bien ha dicho que esta actividad ajena a la organización sindical representaba un porcentaje mínimo de su negocio, en torno a unos 370.000 euros frente a las cifras millonarias de la relación con el sindicato.

La declaración de este testigo completa la realizada la semana pasada por un comandante de la UCO, quien ratificó ante el tribunal que el alquiler de determinadas sedes por toda la comunidad para efectuar la actividad formativa se efectuó bajo "un artificio que permite presentar un gasto que en realidad no existe", ya que el contrato lo firmó Soralpe con el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) de la propia UGT. El comandante corroboró que que el sindicato usó esos fondos para pagar gastos de su actividad ordinaria, incluida la compra de "paipáis para el Día del Orgullo" o "el arreglo de la silla de una tal señorita Toñi".