Revisiones de gas Juzgan a once personas por estafar a 44 ancianos con las revisiones de gas

  • Amenazaban a las víctimas con cortar el suministro y dejar la instalación desmontada

  • A una señora de 75 años le cobraron 7.877 euros en exceso

Lectura de un contador de gas Lectura de un contador de gas

Lectura de un contador de gas

La Audiencia de Sevilla juzga a partir de este jueves a once acusados de estafar a personas de edad muy avanzada y a la superiora de un convento con las revisiones del gas. 

La Fiscalía pide para ellas hasta cinco años de cárcel por delitos de estafa e intrusismo profesional, ya que además del engaño carecían de la cualificación necesaria como instaladores de gas y en otros casos no estaban dados de alta en la Seguridad Social.

El principal acusado es el empresario Rafael S.C., con antecedentes por delitos de estafa, que era administrador único de la compañía utilizada en los engaños investigados.

Según la Fiscalía, en diferentes fechas del año 2012, su empresa llevó a cabo la revisión de aparatos e instalaciones de gas en numerosos domicilios de Sevilla, “aprovechándose en la mayoría de las ocasiones de la avanzada edad de sus moradores”, a los que hacían creer que pertenecían a las compañías Gas Natural o Repsol Butano y que se trataba de la revisión obligatoria.

De este modo, “llevaron a cabo revisiones cuando todavía no eran necesarias por no haber transcurrido el plazo obligatorio” y cobraron cantidades superiores a las debidas para las operaciones realizadas.

El fiscal documenta un total de 44 estafas y el importe que ha podido ser determinado asciende a 32.326 euros, según expondrá este jueves en la Sección Tercera de la Audiencia.

Entre otros casos se verá el de Juana V. C., quien dejó pasar a los acusados en diciembre de 2012 tras ser amedrentada en varias ocasiones con que le cortarían el suministro si no permitía hacer la revisión.

María L.A., de 75 años, sufrió un cobro irregular por exceso de 7.877 euros, según el fiscal. Fue el 19 de noviembre de 2012, cuando bajo la alerta de que podría sufrir una explosión, los acusados se personaron en su casa y le cobraron “altas cantidades por servicios de coste muy inferior”. 

A Amelia B. M. le cobraron por ajustar una pieza 485 euros, sin haber realizado recambio alguno, y a un matrimonio le pidieron  2.128 euros por instalar un termo que, según precio de mercado, costaría alrededor de 500 euros.

Precisa el fiscal que a la madre superiora de San José de la Montaña le cobraron “cantidades altísimas, tras lo cual abandonaron el lugar dejando los cables colgando y el edificio sin agua caliente”. Le cobraron en exceso 6.053 euros.

Entre otras irregularidades, según el fiscal, los acusados decían venir en nombre de la Junta de Andalucía, amedrentaban a los ancianos diciéndoles que se exponían a una multa y a Rosario M. O., de 83 años, le hicieron firmar un documento sin advertirle de que era un contrato de cinco años de mantenimiento.

En el domicilio de Remedios S.A., dos de los falsos instaladores “abandonaron la vivienda cuando se personó la hija de Remedios exigiéndoles la documentación”. La familia “tuvo que llamar a otra empresa para que montara toda la instalación desmontada”. 

La Fiscalía imputa al empresario y a sus empleados delitos de estafa continuada e intrusismo profesional, por los que pide condenas de hasta 5 años de cárcel por el primer delito y una multa de 900 euros por el segundo.

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