Sevgi Giraz es hija de Yilmaz Giraz, el turco de 55 años cuyo asesinato se juzga a partir del lunes ante un jurado popular en la Audiencia de Sevilla. La joven, residente en Estambul, está personada como acusación particular a través de una abogada española y afirma a este periódico que lo hace porque quiere saber “qué paso y por qué. Quiero que los culpables paguen muchos años de cárcel”.

En declaraciones a este periódico a través de internet, Sevgi Giraz afirma que su padre “amaba España, era feliz y quería vivir allí”. Dice que la familia “no entiende lo que pudo pasar” en el triple crimen de Dos Hermanas, cuando fueron asesinados su padre, su esposa Sandra Capitán -embarazada de tres meses- y la hija de ésta última, una niña de seis años. Serán juzgadas siete personas vinculadas al clan del Pollino. 

Explica que la familia turca ha vivido “muy mal” lo sucedido en Sevilla porque “no entendemos lo que pudo pasar. Ellos no se merecían eso y menos aún la niña. Eso es lo peor”.

Sobre el juicio que comienza el lunes ante un jurado popular en la Audiencia de Sevilla, Sevgi opina que faltó más investigación. “Mi abogada piensa que hubo más personas implicadas”, asegura.

La familia Giraz mantiene a veces contacto con los familiares sevillanos de Sandra, que también están personados como acusación a través de otro abogado. Pero la joven no tiene pensado trasladarse a Sevilla para asistir al juicio.

Sevgi declara que es “rotundamente falso” lo que se publicó sobre Urfi Cetinkaya, hermano de su madre y un presunto “capo” de la heroína en Turquía. Informaciones de prensa indicaron a raíz de los asesinatos que Cetinkaya había ofreció una recompensa a quien diese pistas sobre la muerte de Yilmaz Giraz ante el supuesto punto muerto de las investigaciones policiales españolas. “Eso lo dijo un abogado loco. Es mentira”, afirma la joven.

La abogada de Sevgi, Miryam Requena, ha presentado una de las calificaciones más duras para los siete acusados por el triple crimen ocurrido en septiembre de 2017: tres condenas de prisión permanente revisable por otros tantos delitos de asesinato, junto a 25 años de cárcel por delitos de pertenencia a organización criminal, secuestro y tenencia ilícita de armas, así como el pago de una indemnización de 200.000 euros.