La empresa Sato Sport ha presentado una demanda en los juzgados de lo Contencioso-administrativo de Sevilla contra el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, al que reclama 6.311.465 euros en concepto de daño patrimonial por el cierre en noviembre de 2017 del macrocentro deportivo ubicado en el Zacatín, en el que esta entidad invirtió más de siete millones y generó 50 puestos de trabajo.

Por su parte, el Ayuntamiento alega que cuenta con un informe favorable del Consejo Consultivo que determinó que hubo una “resolución culpable” por parte de la concesionaria en relación con el cierre de las instalaciones deportivas, por cuanto Sato Sport cerró de “forma unilateral e incumpliendo el pliego de la concesión”, según explicaron ayer a este periódico fuentes municipales, que añadieron, no obstante, que el Pleno del Ayuntamiento aprobó indemnizar a la empresa con más de 800.000 euros, una cantidad en la que se han tenido en cuenta los daños y perjuicios sufridos por el deterioro de las instalaciones debido a la falta de mantenimiento y el vandalismo que ha sufrido el edificio.

La demandante alega, por su parte, que se había alcanzado una negociación con un acuerdo “prácticamente cerrado” en el que el Ayuntamiento había pactado el pago de una indemnización mínima de tres millones de euros, reconociendo la necesidad de “restablecer el equilibrio económico de la concesión” y redactándose un borrador para que una tercera empresa –Ingesport– invirtiera en el mantenimiento de las instalaciones.

Sobre esas negociaciones, las fuentes municipales indicaron que se trata únicamente de “conversaciones”, por cuanto ese acuerdo nunca se ratificó por el Pleno ni la junta de gobierno, y lo que sí fue aprobado es la resolución del contrato, por lo que confían en que el procedimiento “ha sido correcto” y han actuado “salvaguardando el interés general de la ciudad”.

El demandante sostiene que hay un informe del servicio de Desarrollo Económico dirigido a la secretaría del Consistorio, en el que se reconoce la difícil situación económica de la explotación y se concretan algunas causas “no imputables a la concesionaria”, como los “efectos de la crisis económica a nivel local, lo que reduce considerablemente la renta disponible de las familias, cayendo la demanda de servicios deportivos; la apertura de nuevas instalaciones públicas que han aumentado la oferta local” y la entrada en el mercado de nuevos competidores con un modelo de negocio low cost.

El informe, prosigue el demandante, pone de manifiesto que el Consistorio es “consciente del desequilibrio económico con un resultado negativo en torno a 460.000 euros anuales, y de que la causa no es la inadecuada gestión del concesionario, sino, entre otras, la apertura por el propio ente local de nuevos centros deportivos”.

Sato Sport reclama una indemnización de 4.929.724,94 euros, más otros 1.381.741 euros en concepto de lucro cesante –por el beneficio dejado de percibir por los años que restaban de concesión–, lo que asciende a esos más de seis millones, si bien recuerda que en vía administrativa se le ha reconocido una cantidad de 962.666,55 euros, por lo que la cuantía que se exige en los tribunales supera los 5,3 millones.