La demanda contra el ERE que despidió a 123 personas de la empresa de teleoperadores Sitel en Sevilla alega que los afectados fueron embarazadas, personas con reducción de jornada para el cuidado de hijos, enfermos y los trabajadores con más antigüedad y más derechos.

La causa ha correspondido al magistrado José Joaquín Pérez Beneyto y el juicio se celebrará antes de fin de año ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.

La demanda ha sido presentada en nombre del sindicato CSIF por el abogado José Ignacio Bidón Vigil de Quiñones y pide que el ERE sea desea declarado nulo y alternativamente improcedente.

Solicitan que la totalidad de los trabajadores sean readmitidos y, en caso de despido improcedente, que la empresa sea condenada a abonar a los teleoperadores la indemnización máxima legalmente prevista.

No existen “causas económicas ni organizativas ni productivas” para el ERE, sostiene la reclamación: la empresa “es líder en el mundo y en estos años ha venido aireando su importante estabilidad financiera”.

Entre otros, piden que el fiscal sea llamado al juicio porque entienden que “estamos ante una decisión empresarial con vulneración de los derechos fundamentales y actos de clara discriminación”.

Sitel ocupa en España a 4.500 trabajadores, de los cuales 1.800 están en Sevilla, aunque ahora también ha puesto en marcha otro ERE en Barcelona que puede afectar a afectar a más de 200 trabajadores.

En sus razonamientos, Bidón afirma que “es inaudito que aleguen que sobra mano de obra de 123 personas, pero por otro lado el resto de la plantilla siga realizando horas extras, se siga contratando a través de ETT y continúen haciendo ofertas de empleo masivas en diferentes portales de empleo”.

En las cartas de despido que recibieron a finales de julio los afectados, la empresa les explicó que la medida se debía a la reducción de facturación de Orange y la pérdida de negocio del centro de Sevilla en un 6,7% en el último año.

La demanda, sin embargo, afirma que la facturación es mayor en el exterior que en España debido a “la decisión de ir destruyendo empleo en España y contratar mano de obra más barata en otros países tales como Brasil, Marruecos y otros países emergentes”.

Entre los 123 contratos extinguidos el 26 de julio de 2019 se encuentran “los de mayor duración y antigüedad, porque se trata de un colectivo que tiene mejores derechos laborales”. También personas que cobraban plus de gestor, embarazadas, más de 35 empleados con reducción de jornada por cuidado de hijos menores y otro colectivo de más de 25 teleoperadores “afectados por problemas médicos, algunos con grave enfermedad”, así como “personas que tuvieron una participación muy activa en reivindicaciones anteriores”.