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El Supremo ratifica la condena de 13 millones al Ayuntamiento de Burguillos por la quiebra de "Burguillos natural"

Manifestación de protesta de los acreedores de Burguillos  Natural por las calles de Sevilla.

Manifestación de protesta de los acreedores de Burguillos Natural por las calles de Sevilla. / juan carlos vázquez

El Tribunal Supremo ha resuelto no admitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por el Ayuntamiento de Burguillos, contra una sentencia previa de la Audiencia de Sevilla que confirmó una resolución inicial del Juzgado de lo Mercantil número 1, que condenó al Consistorio a aportar 13,6 millones de euros al capital social de la extinta sociedad municipal Burguillos Natural, en relación con la quiebra de esta sociedad municipal.

En un auto emitido el pasado 2 de noviembre y recogido por Europa Press, el Supremo resuelve los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por el Ayuntamiento de Burguillos, contra una sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia de Sevilla, desestimatoria de su recurso inicial de apelación contra una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número uno de Sevila, en un incidente concursal derivado del concurso de acreedores declarado en 2009 sobre la empresa municipal Burguillos Natural.

En la sentencia inicial de este litigio, el Juzgado de lo Mercantil número uno estimó la demanda de la administración concursal de Burguillos Natural, condenando al Ayuntamiento a "realizar las aportaciones al capital social" de la entidad concursada por importe de más de 13,58 millones de euros.

La Sección Primera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, recordémoslo, aplazaba de otro lado en octubre de 2021, un juicio previsto para esclarecer las responsabilidades del concurso de acreedores declarado en 2009 respecto a la sociedad Burguillos Natural.

Este otro procedimiento aparte se dirige contra los ex alcaldes socialistas de Burguillos José Juan López y Mariana Pérez; contra el Ayuntamiento de dicha localidad, el representante de la sociedad provincial Prodetur en la extinta sociedad municipal Burguillos Natural y una decena más de personas, como los ex concejales del PSOE y otrora consejeros de la entidad José Antonio Santos, Luis Carlos Díaz, Virginia Varo, Francisco Javier Rodríguez y Juan Simón Juan López; figurando en el cupo total de afectados por el procedimiento tres personas ya fallecidas.

Según el Supremo, la sentencia de la Audiencia de Sevilla impugnada por el Ayuntamiento de Burguillos, ahora gobernado por el popular Domingo Delgado, se basa en "la interpretación del acuerdo de colaboración para la ejecución de obras de patrimonio municipal de suelo, suscrito" en julio de 2007 entre el Consistorio y su sociedad Burguillos Natural y aprobado además por el pleno municipal, "por el que el Ayuntamiento, entre otras cuestiones, una vez inscritos los suelos procedentes de los aprovechamientos medios en el Inventario de Bienes Municipal, se compromete a cederlos a Burguillos Natural en concepto de aportación al capital social, con objeto de garantizar la financiación de las obras ya ejecutadas por dicha sociedad".

Las "obligaciones" del Ayuntamiento

"La sentencia recurrida, tras realizar una valoración conjunta de la prueba practicada, concluye en idéntico sentido que la dictada en primera instancia, confirmando su razonamiento basado en el sentido de entender que mediante dicha estipulación, el Ayuntamiento se obligaba a hacer aportaciones patrimoniales, no rigurosamente en concepto de aportación al capital social, a favor de una sociedad instrumental suya, que titulaba al 99,34 por ciento, en retribución de las obras ya ejecutadas por dicha sociedad y de las que se había beneficiado el Ayuntamiento", expone el Alto Tribunal en el auto.

En cualquier caso, el Supremo no admite el recurso de casación del Ayuntamiento contra la decisión de la Audiencia, por "carencia manifiesta de fundamento" al "plantear cuestiones que no afectan a la ratio decidendi (razón de decidir) de la sentencia", extremo que automáticamente conlleva además "la improcedencia del recurso extraordinario por infracción procesal".

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