El ex portavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos ha valorado este lunes que el Consejo de Estado, como ya hiciera en 2020 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), haya declarado el "funcionamiento anormal" de la Justicia en el procedimiento tramitado por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla sobre la venta de los suelos de Mercasevilla, sociedad perteneciente al Ayuntamiento hispalense y Mercasa.

En unas declaraciones recogidas por Europa Press, Antonio Rodrigo Torrijos ha considerado que este dictamen del Consejo de Estado, adelantado por Diario de Sevilla, constituye "un paso más en la buena dirección de reconocer a nivel jurídico, administrativo y procesal la nefasta instrucción de la juez" Mercedes Alaya con relación a la operación de venta de los suelos de Mercasevilla.

Se trata, según ha recordado, del "segundo gran informe" que declara el "funcionamiento irregular de la Justicia" en este asunto, tras lo cual Rodrigo Torrijos ha considerado que "este tipo de procedimiento lo único que perseguía era la quiebra" del entonces gobierno de coalición entre el PSOE e IU en el Ayuntamiento de Sevilla.

Lamentando que aquel "objetivo fuese conseguido", con la "eliminación política" de su "papel" como primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos ha mostrado su "satisfacción moral" por estos pronunciamientos en favor de su "integridad y honestidad". Así, ha apostado por "seguir trabajando para reparar este tipo de injusticias".

Una investigación que se remonta a 2009

El Consejo de Estado se ha pronunciado sobre una investigación que se inició en 2009 por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla cuando estaba al frente del mismo la juez Mercedes Alaya, posteriormente encargada de instruir la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, por posibles irregularidades en el concurso promovido en 2005 por la sociedad mixta Mercasevilla para enajenar unos terrenos del mercado mayorista.

Las diligencias partieron de una denuncia inicial del popular Juan Ignacio Zoido como entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento hispalense, toda vez que el 21 de junio de 2017, el Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla hacía pública su sentencia, en la que absolvía a los diez acusados en la causa.

En este marco, Antonio Rodrigo Torrijos y el ex director municipal de Vía Pública Domingo Enrique Castaño iniciaron una reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, bajo la premisa de que "en la tramitación del procedimiento judicial pueden apreciarse importantes dilaciones, especialmente, en la fase de instrucción" desarrollada por la juez Alaya.

Según recordaban en su reclamación, "la tramitación de las diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla se prolongó por más de siete años", con "lapsos temporales de completa inactividad"; y "desde el auto de incoación de las diligencias previas de fecha 27 de abril de 2009 hasta la notificación de la sentencia el 21 de junio de 2017, transcurrieron ocho años, un mes y 24 días".

Igualmente, exponían que el juzgado dirigido por Mercedes Alaya, además de las diez personas acusadas por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares y que resultaron finalmente absueltas, "imputó a otras 16 personas, imputaciones que motivaron numerosas actuaciones procesales que resultaron innecesarias dado que el procedimiento fue sobreseído respecto de ellas y que alargaron indebidamente el procedimiento".