Facturas falsas UGT: El “alertador de corrupción” fue despedido antes de su declaración

  • Afirma que no puede retirar la acusación porque también la ejerce el fiscal

Manuel Pastrana y Francisco Fernández, ex secretarios de UGT-A Manuel Pastrana y Francisco Fernández, ex secretarios de UGT-A

Manuel Pastrana y Francisco Fernández, ex secretarios de UGT-A

UGT afirma que Roberto Macías, el ex trabajador que será juzgado el jueves por robar documentación del sindicato, no es un “alertador de corrupción” sino que su despido y causa judicial correspondiente se produjeron seis meses antes de que declarara como testigo en el caso de las facturas falsas del sindicato.

En una nota de prensa, UGT salió al paso este domingo del comunicado emitido por asociaciones y alertadores de corrupción  (whistleblowers) y aseguró que hasta ahora nadie se ha dirigido a ella para que retire los cargos contra Macías, algo que tampoco puede hacer porque existe la acusación del Ministerio Fiscal, que pide para el ex trabajador tres años de cárcel y 60.000 euros de multa.

Desde UGT “no entendemos como algunos medios de comunicación tratan a este antiguo trabajador del sindicato, y presunto delincuente, como alertador de corrupción”. Roberto Macías “nunca denunció nada, ni a las autoridades, ni a los medios de comunicación”, asegura la nota.

El trabajador, precisa, fue despedido por causas objetivas con fecha 30 de noviembre de 2012 en UGT Andalucía. Según consta en los autos judiciales, “realizó una copia masiva de ficheros en un disco duro extraíble, a través de su ordenador, con su usuario y en horario de trabajo”.

Macías “en ningún momento ha formulado denuncia alguna ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o ante los órganos judiciales competentes, más allá de lo que pudiera ser su presunta intervención en la publicación de informaciones de nula veracidad en los medios de comunicación”, afirma el sindicato.

Y añade: “Tampoco ha sido testigo o “alertador” de absolutamente nada que haya originado un ataque contra su persona. Su declaración como testigo ante la Guardia Civil, al igual que la de otros trabajadores y ex trabajadores de este sindicato, se produce casi seis meses después de haberse iniciado el procedimiento judicial tramitado por el juzgado competente y ya con las Diligencias Previas contra su persona incoadas”.

Por ello, “el procedimiento judicial instado contra él se inició con anterioridad a su declaración como testigo, por lo que es irreal afirmar que dicho procedimiento es una represalia por su declaración, como también es irreal calificarse de denunciante de corrupción cuando ninguna denuncia se ha interpuesto”.

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