No podían más. Los vecinos de la barriada Villegas que denunciaron a unos okupas y la perrera ilegal que habían instalado en el patio comunitario tomaron la iniciativa: quitaron la puerta, desarmaron las perreras y llamaron a un chatarrero para que se llevase los enseres de los denunciados.

Ocurrió el 1 de mayo, el mismo día en que fue detenido y encarcelado David R.H., uno de los dos criadores de perros acusados, por varios robos con violencia presuntamente cometidos en las semanas anteriores. Su detención fue celebrada con aplausos por los vecinos concentrados frente a su vivienda.

Los vecinos de la barriada Villegas han recogido 300 firmas contra Ismael F. R., que ocupa ilegalmente una vivienda de la planta baja junto con su pareja y su hermana. En el patio comunitario había instalado unas perreras, donde daba de comer carne cruda a los animales y les montaba para que se reprodujesen. 

El vecindario se quejaba de los ruidos, olores y de que no podía acceder al patio ni a sus trasteros sin avisar antes a Ismael por temor a ser atacado por los animales, lo que de hecho se produjo en varias ocasiones. Los okupas también instalaban en verano una piscina en el patio que rellenaban con agua comunitaria.

El 1 de mayo decenas de vecinos actuaron todos a una. Desmontaron la puerta de entrada al patio, desarmaron las perreras, sacaron los enseres de los okupas  y llamaron a un chatarrero para que se los llevara, en medio de las amenazas de muerte que profería David.

Ahora cada bloque ha pagado 20 euros para desinfectar y adecentar el patio y el jardincillo delantero, que también usaban para que corriesen los animales.

Cuatro causas judiciales

La pareja que recogió las firmas, Sonia Andrade y Sergio Ayuso, acudió este lunes al juzgado de instrucción 20 a ratificar su denuncia referida a la agresión que sufrieron el 10 de abril por parte de  Ismael F.R. y su hermana. También fueron reconocidos en el Instituto de Medicina Legal por un forense para ratificar el parte de lesiones del hospital Macarena que presentaron en su día.

Los okupas tienen en este momento cuatro causas judiciales por amenazas de muerte o lesiones, dos de ellas con juicios ya señalados para el 21 de junio y 3 de julio.

Pese a ello, la juez de instrucción 20 ha negado a la pareja la medida de protección solicitada. Según el auto al que ha tenido acceso este periódico, “no se desprende la existencia de una situación objetiva y real de riesgo para las víctimas, teniendo en cuenta que únicamente se está denunciando la existencia de unas amenazas y unas lesiones, indiciariamente constitutivas de delito leve”.

La juez añade que la pareja tardó en denunciar las amenazas, ocurridas desde el mes de enero, “de lo que podría inferirse que no le han dado mayor importancia”.

El coche de Sergio volvió a aparecer hace unos días con las ruedas pinchadas y la tapa del depósito de gasolina rota, hecho que ya denunció el 5 de abril.