Delito contra la salud pública

Un matrimonio de traficantes de Alcalá de Guadaíra reduce sus condenas a la mínima expresión tras un acuerdo con la Fiscalía

El narcopiso estaba en esta calle de Alcalá de Guadaíra. Al fondo a la izquierda, la comisaría de la Policía Nacional.

El narcopiso estaba en esta calle de Alcalá de Guadaíra. Al fondo a la izquierda, la comisaría de la Policía Nacional. / M.G.

Un matrimonio de traficantes de Alcalá de Guadaíra entró ayer en la Audiencia de Sevilla con una petición de diez años de cárcel y salió con dos condenas en firme que nada tenía que ver con el punto de partida: una de dos años para el marido y otra de uno y medio para la esposa. Este desenlace, como es habitual, fue el resultado de un acuerdo entre la Fiscalía y las abogadas de los dos acusados que incluso fue más allá. Las defensas solicitaron que se suspendiese la ejecución de ambas penas, es decir, que ninguno ingresase en prisión, y la fiscal no se opuso. La mujer abandonó la sala con el beneficio concedido durante tres años y el hombre, casi también (será durante más tiempo) a pesar de que es “un delincuente habitual”, como recalcó la fiscal, y tiene ya “más de diez condenas” en su haber, como corroboró el propio tribunal de la Sección Séptima. Antes de decidir, la magistrada instó a su letrada a entregarle un informe sobre la evolución de su tratamiento de desintoxicación.

José Manuel S.H. y Noelia D.N. se declararon culpables y reconocieron los hechos por los que fueron juzgados. En resumen, ambos vendían sustancias estupefacientes en su domicilio, curiosamente situado a sólo unos metros de la comisaría de la Policía Nacional, y fueron denunciados por los vecinos. En enero de 2022, tras interceptar a once personas que salían de allí con droga, las autoridades registraron el inmueble y hallaron cannabis, heroína y una pistola para lanzar señales que está prohibida “si se utiliza para usos distintos a las actividades deportivas, el adiestramiento canino profesional, espectáculos públicos, rodajes de cine o coleccionismo”.

La Fiscalía pidió inicialmente un total de diez años de prisión para cada procesado por un delito contra la salud pública de sustancias que no causan grave daño, otro por sustancias que sí causan un grave daño y un delito de tenencia de arma prohibida. Tras el acuerdo retiró el primero de salud pública y el tercero. En cuanto a la tenencia, alegó que debe ser castigado administrativamente, no penalmente.

La fiscal también modificó sus conclusiones para matizar que el acusado actuó “impulsado en todo momento” por su “grave adicción” y que la esposa sólo “avisaba a su marido de la presencia policial”. José Manuel se ganó así la atenuante muy cualificada de drogadicción y Noelia pasó a ser cómplice y no autora material del único delito que había sobrevivido a la calificación provisional. Ambos fueron condenados también a pagar sendas multas de 4.975 euros (al principio eran de 70.000). La sentencia fue anticipada por la presidenta en la misma sala. Fuera, esperando para nada, aguardaban los seis policías que iban a declarar como testigos.

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