El hombre acusado de agredir sexualmente a un niño en Los Palacios (Sevilla) con el consentimiento de sus padres, también encausados, ya está cumpliendo una condena de 27 años de cárcel por violar a una de las hermanas de la víctima, abusar de la otra y pegar al menor.

Así lo ha puesto de manifiesto la Fiscalía durante la celebración del juicio, que ha quedado visto para sentencia este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla después de una sesión en la que J.J.B. ha negado que violase al niño y los padres han asegurado que desconocían lo que pudo ocurrir.

La primera sentencia contra el acusado, de julio de 2016, es de 15 años de prisión por un delito continuado de agresiones sexuales sobre una de las menores, 10 años y 2 meses por un delito continuado de abusos sexuales sobre la segunda menor y 1 año y 10 meses por un delito de malos tratos habituales contra el hermano.

En aquel caso, la acusación fue dirigida sólo contra el hombre y no incluyó a los padres, aunque ya entonces estaba vigente una orden de alejamiento contra ambos respecto a sus tres hijos por presuntos malos tratos.

En la causa enjuiciada ahora, el hermano es la presunta víctima de otra agresión sexual y el Ministerio Público solicita una condena de 15 años de cárcel para sus padres como cooperadores necesarios en la comisión de un delito de agresión sexual, con la agravante de parentesco, mientras que para J.J.B., el presunto autor material de las violaciones, pide 14 años de prisión.

Según informaron a Efe fuentes del caso, los hechos ocurrieron entre 2013 y 2014, primero en una casa de campo en la que convivían el acusado y la familia y más tarde en la vivienda de una tía de los niños que se quedó con su custodia tras la orden de alejamiento.

J.J.B., en prisión desde enero de 2015, se aprovechó de su relación de confianza con los menores, quienes "lo querían con anterioridad a los hechos delictivos como un miembro más de su familia", de acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía.

Además de las penas de cárcel, el Ministerio Público reclama que los tres acusados paguen solidariamente una indemnización de 20.000 euros al menor y que se les imponga la prohibición de comunicarse o aproximarse al niño durante 20 años