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Tres años de prisión a un funcionario de la carcel de Alcalá por abuso sexual y vejaciones a dos internas

  • El Tribunal Supremo confirma la sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia

Entrada a la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra Entrada a la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra

Entrada a la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra / EFE

El Tribunal Supremo ha  confirmado la sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla que condenó a un funcionario de prisiones, Luis F. A. G. del Centro Penitenciario de Mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a tres años de prisión, a diez de inhabilitación y al pago de una multa de 3.960 euros por abusar sexualmente de una interna y vejar tanto a ésta como a otra reclusa. En concreto, este hombre mostró vídeos de contenido sexual a estas mujeres y se metió en la ducha de dos de ellas y a una le tocó los glúteos.

En una sentencia del alto tribunal, el Supremo desestima el recurso de casación elevado por el funcionario y confirma la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla en mayo de 2018.De igual manera, tendrá que pagar una indeminización de 2.500 euros a una de las presas y de 1.000 a otra, mientras que lo absolvió de tres delitos contra la integridad moral por los que llegó a ser enjuiciado.

Luis F. A. G. interpuso el recurso de casación al considerar que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, al entender que "no existe una actividad probatoria mínima de cargo en que fundar este fallo condenatorio", y su derecho a la tutela judicial efectiva, cuestiones que el Supremo ha desestimado.

Expedientado desde noviembre 2014

El Supremo considera probado que este hombre estuvo destinado como funcionario de Instituciones Penitenciarias en la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra desde el 11 de octubre de 2012 hasta el 5 de julio de 2014, cuando inició una situación de baja médica, "sin que se haya reincorporado tras ella en virtud de acuerdo adoptado el 19 de noviembre de 2014 en expediente disciplinario del que ha sido objeto al ser suspendido provisionalmente de funciones".

Durante el periodo de tiempo en que estuvo desempeñando su trabajo en esta prisión, el acusado ejerció distintas funciones "que le permitían el contacto con las internas allí recluidas, y ello a pesar de que a partir del 1 de marzo de 2014 su destino le restringía el acceso a las mismas, lo que no fue un impedimento para el contacto con ellas", ya que "desobedeció las órdenes cambiando el servicio con sus compañeros o incluso abandonando el puesto encomendado".

Exhibió vídeos de contenido sexual

En relación a una de las víctimas, el ahora condenado le exhibió un vídeo de contenido sexual que tenía en su móvil, a lo que se suma que, "tras interceptarle una carta en la que aparecían dibujos de tipo erótico, al devolvérsela" en el módulo "le dijo que estaría dispuesto a dejarse hacer una felación por ella y acto seguido, en dicho lugar, le intentó besar, defendiéndose la interna dándole un bofetón".

Asimismo, y en los meses de enero a marzo de 2014, este hombre, "en dos ocasiones, se metió en la ducha mientras se encontraba en ella desnuda" dicha reclusa, "abandonando el lugar tras los gritos de la interna", mientras que en dos ocasiones "tocó los glúteos" de esta mujer, lo que "originó intranquilidad y desasosiego en ella".

De igual modo, en los meses de verano de 2014 y antes de causar baja por motivos de salud, el acusado "se introdujo en la ducha que estaba siendo usada" por otra interna y al verla desnuda "le dijo 'qué culo más bonito tienes'".

Estos hechos se han visto acompañados de otros comportamientos del acusado que dieron lugar a la apertura de un expediente disciplinario que finalizó con resolución de 19 de noviembre de 2014 por el que se acordaba la suspensión temporal de funciones para el condenado.

"Víctima de un complot" que cree "en la reeducación"

Luis F. A. G. se declaró "inocente" al inicio del juicio y negó "todos" los hechos por los que le acusa la Fiscalía, entre ellos el de exhibirles vídeos pornográficos a las internas, hacerles comentarios sexuales y hacerle tocamientos y besar a una de las presas. Según su testimonio, toda la denuncia obedece a las "presiones" de la directora del centro y a su "amplio poder" para promover beneficios como el tercer grado o la concesión de permisos. El funcionario atribuyó esa supuesta "animadversión" a que denunció que otra funcionaria estaba ocupando un puesto que "no le correspondía" y también dijo que una jefa de servicio de la prisión, que es familiar de la directora, también le "obligó" a poner en un parte relacionado con una pelea a una interna que él no había visto.

El acusado sí reconoció que hizo varios regalos, en concreto un aparato de CD, una camiseta y unas postales de playa a la parricida de Pilas, la mujer que fue condenada por el asesinato de dos bebés a los que luego congeló. Según el trabajador, esos regalos no constituyen ninguna "infracción", algo que por su parte rechazó la directora de la prisión, María Isabel Cabello, al afirmar que es conducta está prohibida.

Luis F. A. G. admitió igualmente que organizaba juegos de azar y jugaba con las internas, y también que en una ocasión se dejó que le pusieran "una tira de depilar" en el cuello. El acusado afirmó que esta conducta la desarrolló porque cree en la reeducación y reinserción de los internos, llegando a declarar que la directora le dijo que él era como un soplo de "aire fresco", manifestación que la responsable del centro también negó haber realizado.

Las internas corroboraron los abusos

Frente a la versión exculpatoria del acusado, varias internas que rindieron testimonio ante el tribunal, algunas de ellas a través de videoconferencia, corroboraron los abusos y el trato degradante. Una de las presas comenzó su declaración afirmando que el acusado le había hecho "daño" y se refirió despectivamente a su condición sexual, al haberla llamado "machorra y tortillera de mierda", y añadió que le mostraba vídeos pornográficos a las internas y se echaba encima de las camas de las internas.

En el interrogatorio en el juicio el funcionario negó los hechos y apuntó a la "animadversión" de la directora del centro penitenciario hacia él como "desencadenante" de la investigación por estos hechos.

El acusado, según recuerda la sentencia, articuló su defensa en que las denuncias de las internas formaba parte de un "complot" contra él orquestado por la directora del centro penitenciario, que presionó a las presas para que declararan en su contra, señalando además el amplio poder discrecional de la directora para "mover voluntades" y sus repercusiones en permisos de salidas, progresiones a tercer grado y demás beneficios penitenciarios.

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