Los jueces españoles se adiestran para “grandes catástrofes con múltiples víctimas”

Varias decenas de jueces españoles asistieron la semana pasada en Torrejón de Ardoz (Madrid) a un curso sobre la actuación judicial en grandes catástrofes con múltiples víctimas. Se trata de aplicar las medidas previstas en un Protocolo del CGPJ cuyo objetivo es garantizar la rápida actuación, la correcta identificación de las víctimas, la preservación de las muestras y la atención a los familiares.

El curso fue impartido por la Unidad Militar de Emergencias (UME) y entre sus asistentes había cuatro jueces andaluces: Pedro Izquierdo, presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla; Ana Belén Vico, juez de instrucción de Almería; Margarita Borrego de Huelva y María Pilar Neto de Cádiz.

También estuvieron el juez de Santiago de Compostela que instruyó el accidente del tren de Angrois donde hubo 80 fallecidos, la juez de Amposta que investigó el accidente de un autobús donde fallecieron 13 universitarias Erasmus de diferentes nacionalidades y el juez decano de Huesca pues Canfranc acogió en 2019 el noveno ejercicio que organiza la UME de forma anual en diferentes comunidades autónomas, con movilización de casi 3.500 efectivos militares.

El protocolo del CGPJ fue aprobado a raíz de los atentados de Atocha y prevé la creación de Comisiones Judiciales con tres niveles de movilización, según que afecten al territorio de una comunidad autónoma, a varias comunidades o que se extiendan a todo el territorio nacional.

La Comisión Judicial de Crisis debe determinar el alcance de la catástrofe y su localización, planificar la respuesta judicial y las medidas de apoyo necesarias así como las comunicaciones y la información y atención al ciudadano. Todo ello bajo la coordinación del juez de guardia a quien haya correspondido el caso.

“En una situación de caos todo debe estar bien engrasado”

Pedro Izquierdo, presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, explica a este periódico que el objetivo de estos cursos es “entrar en la cultura de la prevención y anticiparnos a sucesos que son inevitables”.

“Los jueces deben ser conscientes de que esas situaciones, por desgracia, se pueden producir y que debemos tener los elementos de juicio para dar la respuesta adecuada”, afirma, y añade: “en una situación de caos todo debe estar bien engrasado” y el mundo judicial “es parte de ese engranaje y no puede quedarse al margen”.

El magistrado destaca que el protocolo prevé conformar juzgados de guardia adicionales y de reserva, la adopción de medidas que aseguren la disponibilidad de los funcionarios necesarios, así como la posibilidad de reducir el horario de audiencia y de modificar los plazos procesales.

También se contempla crear una oficina judicial in situ desde donde los jueces coordinen la actuación médico forense, de policía científica y de los demás operadores que interviene en la identificación de los cadáveres y recogida de muestras, el acordonamiento y preservación de la zona de la catástrofe, el rescate de supervivientes y su traslado a los lugares establecidos.

La UME, según Pedro Izquierdo, puede montar un centro de damnificados con carácter urgente que podría acoger a un gran número de afectados, dispone de equipos de descontaminación masiva para las personas y, una vez salvadas las vidas humanas y asegurados los riesgos a evitar, también estaría preparada para poner a salvo los bienes históricos.

Desde el punto de vista judicial, el magistrado Francisco Javier García Ferrández, titular del juzgado de instrucción 3 de Alcalá de Henares, dirigió el 6 de febrero una mesa redonda y concluyó que “si se produjera una catástrofe, el juez de guardia deberá ejercer su función jurisdiccional de manera autónoma, por imperativo constitucional, pero coordinado con el resto de los servicios públicos y privados de intervención y asistencia en la respuesta inmediata a las emergencias”.