Cerca de 200 abogados de Sevilla estarán en la gran manifestación de Madrid por unas pensiones dignas
Un largo conflicto
La Audiencia Nacional declara que el Juzgado Central de Instrucción número 5 es el competente para tratar las denuncias interpuestas por muchos profesionales contra los gestores de la Mutualidad
Abogados y procuradores mutualistas de Sevilla vuelven a la calle para batallar por jubilaciones dignas
Miles de abogados y procuradores mutualistas de toda España se van a manifestar este sábado en Madrid para volver a protestar por las pobres pensiones que tendrán cuando se jubilen, exigir la "pasarela" para cruzar al Régimen Especial de Trabajador Autónomo (RETA) y señalar de nuevo a los responsables de la Mutualidad de la Abogacía. Entre los profesionales que estarán en la capital del país habrá cerca de 200 provenientes de Sevilla, una provincia en la que el movimiento #J2 ha sido más activo desde el inicio de las protestas, hace ya casi un año y medio.
La marcha de estos operadores jurídicos, que recorrerán varias calles hasta confluir ante la sede del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, casi coincide en el tiempo con una buena noticia para los profesionales que llevan años cotizando en la Mutualidad. Hace ya meses que muchos presentaron denuncias contra los gestores de la Mutualidad, en concreto “contra los administradores y directivos actuales y pasados" y en especial contra su actual presidente Enrique Sanz, y su director general, Rafael Navas. Pues bien, la Sección Tercera de la Audiencia Nacional dictó el jueves un auto en el que declara al Juzgado Central de Instrucción número 5 competente para investigar esas denuncias.
Los denunciantes atribuyen hasta cinco delitos a los denunciados: administración desleal, estafa, malversación, apropiación indebida y publicidad engañosa. Y para argumentarlos incluyen un relato cronológico que recuerda que hasta julio de 1996 era obligatorio para los nuevos abogados vincularse a la Mutualidad “como requisito indispensable para el ejercicio de la profesión”. A partir de ese momento se admitió la posibilidad de darse de baja y pasar al RETA, pero “era más teórica que real”. “Si lo hacías, perdías todo el capital y los intereses aportados en la Mutualidad y empezabas a cotizar en el sistema público desde cero. Perdías el dinero, el tiempo de cotización y, por ende, la posibilidad de obtener una jubilación con una base de cotización aceptable”, detalla la denuncia.
“La Mutualidad no permitía el reintegro de los pagos realizados ni te quedabas con lo aportado en depósito o con alguna opción de recuperación futura. Simplemente lo hacían suyo, esto es, se apropiaban de ello sin posibilidad de rescate ni siquiera futuro”, añade el escrito que en primera instancia presentaron ante la Policía Nacional.
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