Las cuatro asociaciones judiciales han pedido que, si se decretan en España nuevas restricciones de movilidad o un segundo confinamiento, se adopten medidas para evitar que la Justicia se pare. Entre otras, proponen trabajo telemático, videoconferencias y que se prevean espacios alternativos disponibles y personal de emergencia seleccionado.

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente hacen un llamamiento al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas para que, aprendiendo de la experiencia acumulada durante los meses de pandemia, tengan en  cuenta en primer lugar que “la Justicia no puede parar”.

“El derecho fundamental de los ciudadanos a obtener la tutela judicial de sus derechos e intereses legítimos no debe quedar suspendido por la declaración del estado de alarma. Esto supone que, además de asegurar que se atienden los asuntos urgentes e inaplazables, ha de procurarse que, en la medida de lo posible, no se paralicen los demás”, afirman en un comunicado conjunto.

Ello debe ser compatible con que se garantice debidamente la seguridad y la salud de todos cuantos prestan servicios o se relacionan diariamente con los juzgados y tribunales.

Por ello, piden que se atiendan cuatro aspectos: que los  tribunales dispongan de medios para celebrar los actos judiciales por medios telemáticos en lo posible y que el personal de Justicia pueda trabajar desde sus domicilios.

En aquellos casos en los que debido a las condiciones sanitarias no fuera posible desempeñar la actividad en alguna sede u órgano judicial, proponen que existan “espacios alternativos disponibles y personal de emergencia seleccionado para el caso”. Finalmente, solicitan que todas las sedes judiciales disponga de los medios precisos para el adecuado cumplimiento de las medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias.

Las asociaciones firmantes ofrecen su colaboración para diseñar los planes de actuación de forma que la Justicia “afronte esta situación de la manera menos perjudicial posible”.