El movimiento de la abogacía sevillana que reclama la reactivación plena de los tribunales tras el coronavirus realizará su cuarta concentración este jueves, con un nuevo objetivo consistente en que la Junta de Andalucía devuelva el recorte del 10% en las retribuciones del turno de oficio que aplica desde 2012.

En su convocatoria, reivindican “un turno de oficio digno, con unas retribuciones dignas y la devolución inmediata del recorte del 10% de nuestras retribuciones desde 2012”, recorte que “fue declarado nulo e ilegal por la Justicia y que la Junta de Andalucía se niega a devolvernos”.

El recorte fue del 10% entre 2012 y 2018 y de un 5% en ese último año, en una orden que fue declarada nula por el TSJA en 2016 pero que, pese a ello, la Junta de Andalucía se niega a devolver, lo que obliga a los afectados a demandar. La Administración andaluza pone “toda clase de obstáculos formales en la contestación”, según afirman a este periódico los convocantes.

Respecto a la paralización judicial que es objeto de sus concentraciones periódicas, denuncian que la ausencia de digitalización “ha impedido a todos trabajar, agravando la penosa situación de la Justicia” durante los tres meses de alerta sanitaria por coronavirus.

“No se prevé normalización alguna de la actividad judicial, llegando incluso algunos partidos judiciales a atender a los profesionales en la puerta de las sedes judiciales, al carecer de medidas de protección dignas para todos”, aseguran.

Se muestran orgullosos de que Sevilla haya sido “pionera en elevar la voz de este clamor de los profesionales”, tras lo cual las  concentraciones con el mismo espíritu se han extendido a otras ciudades como Madrid, Cádiz o Valencia.

“La Justicia es la hermana pobre de la Administración, con total ausencia de medios técnicos que hacen endémicos los retrasos, a la que ha dado la puntilla la absoluta paralización como consecuencia de la pandemia por COVID19”, dice su comunicado.

Por ello, exigen que se implanten medios telemáticos, el acceso al expediente electrónico por parte de los profesionales y un plan de choque para los próximos meses que se hace más urgente “cuando nos encontramos actualmente ante numerosos rebrotes de contagios a lo largo de todo el territorio nacional”.

“Pese a encontrarnos ante la ‘nueva normalidad’, la actividad judicial dista mucho de estar normalizada, puesto que los profesionales no tenemos libre acceso a las dependencias judiciales, no hay criterios unívocos para la celebración de juicios telemáticos y no se han implantado las medidas exigidas por Sanidad, lo que redunda en una evidente indefensión de la ciudadanía y, por ende, de los profesionales que sólo exigimos poder trabajar”, sostienen.