Los abogados expertos en reclamaciones sanitarias prevén un aluvión de demandas como consecuencia de los fallecimientos por coronavirus. Creen que se basarían en el mes que tardó el Gobierno en reaccionar para comprar mascarillas o respiradores y por no haber prohibido manifestaciones como las del Día de la Mujer el 8 de marzo.

El abogado sevillano Pedro Arnaiz explica a este periódico que la ley excluye de responsabilidad los casos “imprevisibles e inevitables”. El virus “era inevitable pero no lo era el contagio por falta de mascarillas y la falta de atención por no haberse proveído de respiradores a tiempo”, afirma. 

Es cierto que el coronavirus era un hecho de “fuerza mayor” porque no se puede prever la aparición de una epidemia a nivel mundial. Pero en España existían los antecedentes de lo ocurrido en China con la propagación de la enfermedad y en Italia con la falta de respiradores.

“Llegaron tarde. Actuaron con un mes de retraso”, entiende el abogado.

A juicio de Arnaiz, “van a llover las demandas por responsabilidad patrimonial de la Administración en aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad”.

Este concepto se aplica cuando no existe una relación de causalidad clara entre la falta de atención médica y el fallecimiento del paciente, pero sí se demuestra que la actuación sanitaria le privó de determinadas expectativas de curación o de supervivencia. En esos supuestos, la indemnización prevista suele ser menor y proporcional a las posibilidades de recuperación que tenía el enfermo.

Con el uso de respiradores “no se garantiza que el enfermo se salve pero la pérdida de oportunidad es incuestionable. Para dárselo a otro, les están privando de un medio con el que, en otras circunstancias, se habrían salvado”, cree Arnaiz.

El abogado indica que estas reclamaciones por pérdida de oportunidad se podrían plantear por parte de enfermos de coronavirus pero también por parte de los pacientes que vieron una intervención quirúrgica aplazada debido a la alerta sanitaria.

Otra cuestión son las condiciones higiénicas en que están trabajando las fuerzas de seguridad y otras personas en contacto con enfermos, cuestiones sobre las que Arnaiz supone que se pronunciará la Inspección de Trabajo.

En especial le llaman la atención las farmacias de Sevilla, algunas de las cuales “no tienen mascarillas ni para ellos mismos” y están atendiendo al público sin mamparas.