Un grupo de abogados de toda España se han agrupado para recurrir las multas por incumplir el confinamiento por coronavirus, que ya superan las 635.000 en toda España según datos del ministerio del Interior. Uno de sus integrantes, el abogado sevillano Joaquín Herrera del Rey, declara a este periódico que uno de los motivos de recurso será que la ciudadanía no conoce bien el Real Decreto que limitó la libertad de circulación de las personas y posiblemente el sancionado no supo alegar correctamente sus razones.

Los abogados son hasta el momento una docena y su idea es cobrar entre 75 y 100 euros por recurso ante la autoridad que impuso la multa, con opción de acudir a continuación a los tribunales. Han habilitado el siguiente correo electrónico para responder a las consultas: recursosestadodealarma@gmail.com.

Herrera del Rey explica que “sin perjuicio del estado de alarma, las personas multadas tienen derecho a una defensa justa” y recuerda que tanto el Defensor del Pueblo como la Abogacía del Estado han expuestos sus interrogantes sobre algunos aspectos de las sanciones impuestas.

Incluso el Ministerio del Interior se vio en la necesidad, el pasado día 16, de remitir una circular a las Delegaciones del Gobierno con instrucciones y un modelo para tramitar las sanciones, lo que muestra que “algo se estaba haciendo mal”, dice Herrera del Rey.

A su juicio, la principal defensa puede venir por las excepciones que contempla el artículo 7 del Real Decreto de estado de alarma para la libertad de movimientos, cada uno de cuyos apartados “puede dar mucho juego porque la gente no lo conoce y no alega correctamente”. En especial, la fuerza mayor o estado de necesidad.

“Muchos ciudadanos actúan de buena fe y no saben que las circunstancias en las que se mueven por la calle no están permitidas”, explica, y añade: “Incluso una persona sorprendida haciendo deporte por la calle puede alegar que, para ella, hacer ejercicio físico es un estado de necesidad”.

Los abogados reunirán las resoluciones que se vayan produciendo en España para crear un cuerpo de doctrina con el que anular las multas o al menor rebajar su cuantía.

Según datos del ministerio del Interior, hasta ahora se han impuesto 635.000 multas en toda España por incumplir el confinamiento, cifra que equivale al 1,35 por ciento de la población. Las sanciones oscilan desde la multa de 100 euros a la condena de prisión de tres meses a un año.