Las defensas de los funcionarios de la Junta piden al tribunal que declare nulos los autos de Alaya que reabrieron el caso de la mina de Aznalcóllar

Como era de esperar la juez Mercedes Alaya ha tenido un especial protagonismo en el arranque del juicio por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. No en vano, este juicio se celebra debido a su decisión, ya que hasta en dos ocasiones la magistrada ordenó reabrir una causa en la que la juez instructora, Patricia Fernández, había descartado hasta en dos ocasiones la existencia de delitos, algo en lo que coincidía con la Fiscalía, que en siete ocasiones a lo largo de la instrucción se pronunció en el mismo sentido que la instructora y que hoy pide la absolución de los 16 acusados, entre ellos diez funcionarios y técnicos de la Junta de Andalucía que intervinieron en el concurso público.

Las defensas de varios de los funcionarios de la Junta acusados por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar han pedido este lunes a la Audiencia de Sevilla que declare la nulidad de los autos dictados por la juez Mercedes Alaya que en dos ocasiones ordenó reabrir la investigación y, de esta forma, confirme el sobreseimiento que en su momento había acordado la juez instructora al no apreciar indicios de delito.

Así lo ha puesto de manifiesto la abogada Encarnación Molino, que representa a varios de los funcionarios acusados y que ha planteado como cuestión previa la nulidad de esos autos dictados por la juez Mercedes Alaya, al considerar que esas decisiones adoptadas por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla vulneraron derechos fundamentales como el derecho a un juicio justo y al juez predeterminado por la ley, por cuanto la decisión de esta magistrada -que era la ponente de los recursos y a la que la letrada no se ha referido en ningún momento por su nombre- fue "más allá de la función de control de la legalidad" que le correspondía a la Audiencia de Sevilla como órgano superior y representaron además una "extralimitación" de sus competencias y funciones.

La letrada ha expuesto a lo largo de su intervención los dos autos de archivo dictados por la juez de Instrucción número 3 de Sevilla el 6 de noviembre de 2015 y el 11 de marzo de 2019, que fueron revocados por la Sección Séptima de la Audiencia, y ha pedido la nulidad de estas decisiones del tribunal y que se confirme el sobreseimiento de la causa contra los 16 acusados.

Encarnación Molino ha hecho referencia a que este juicio se inicia una década después de que se produjeran los hechos y, en este sentido, ha afirmado que aquí "la pena es el juicio, la pena injusta es la pena de banquillo que tienen que soportar los acusados que están aquí sentados".

Detenciones como "puro amedrentamiento" de los funcionarios

Por su parte, el abogado Luis Aparicio, que representa a otros tantos técnicos de la Junta de Andalucía, ha denunciado las detenciones "clamorosamente inidóneas, desproporcionadas e innecesarias" de los funcionarios y técnicos de la Administración por parte de la Policía Nacional, puesto que habían sido citados a declarar en la Jefatura y fueron automáticamente detenidos, fueron fichados y se le tomaron las huellas dactilares y puestos a continuación en libertad sin pasar a disposición judicial. El letrado considera que se vulneró su derecho fundamental a la libertad, puesto que con esas detenciones se buscaba "el puro amedrentamiento de unos funcionarios públicos honrados" y por tanto pide la nulidad y la expulsión de esas primeras declaraciones ante la Policía.

Además, muchos de estos funcionarios no fueron imputados por el juzgado hasta octubre de 2019, "cuatro años y cinco meses" después de ser detenidos y cuando el sumario acumulaba ya 20 tomos, por lo que ha denunciado igualmente que la instrucción se ha realizado "a espaldas" de los investigados durante todo este tiempo, incluso cuando en 2017 la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó y le fueron entregados más de 124.012 correos electrónicos de los funcionarios y que acabó con un contundente informe en el que los investigadores no hallaron "influencias" en el concurso.

El "bluf" de Emerita y su falta de capacidad para desarrollar el proyecto minero

Las defensas, que se han ido adhiriendo unas a otras a las cuestiones previas planteadas por los otros acusados, han solicitado igualmente la expulsión como acusaciones particulares de Emerita Resources, la empresa que perdió el concurso, y de Andalucía Mining, que reclama una indemnización por los posibles "daños y perjuicios" ocasionados de 7.195.426 euros, una cuantía que reclaman a la propia Junta de Andalucía, así como a Magtel, Minorbis y Grupo México.

Han sido varias las defensas que han planteado esta cuestión, pero la más contundente ha sido la ejercida por el abogado Jaime Alonso -que interviene en defensa de la responsabilidad civil subsidiario que se reclama a Grupo México y Minera Los Frailes-, quien ha señalado que Grupo México lleva ya invertido entre 60 y 70 millones en el proyecto para la reapertura de la mina de Aznalcóllar y ha denunciado que Emerita Resources no tiene capacidad para desarrollar un proyecto minero de estas características, hasta el punto que ha afirmado que "comparar Emerita con Grupo México es casi insultante", porque Emerita, ha proseguido, "no tenía capacidad alguna para desarrollarlo" y lo que pretende es "hinchar sus expectativas en bolsa e intentar conseguir algo para venderlos a terceros".

El letrado, que ha llegado a calificar la situación de "bluf o fraude", porque la empresa no tiene medios ni capital y sólo realiza una "actividad especulativa", se ha referido a unas declaraciones del CEO de Emerita en las que reconocía que su empresa no tiene capacidad alguna para sacar adelante el proyecto y que si, después de este proceso judicial, lograran que se les adjudicara el concurso, "se lo venderían a un tercero".

De otro lado, el abogado de la Junta de Andalucía, que se ha adherido a todas las cuestiones previas de las defensas y de los otros responsables civiles, ha destacado que una de las acusaciones, Andalucía Mining "no ha sufrido daño" alguno, porque "no es titular del derecho minero consolidado y ha sido indemnizada como solicitante de un permiso de investigación, de una expectativa" que le fue expropiada y por la que han recibido en la vía contencioso-administrativa una cantidad de 21.000 euros por los costes de esa solicitud. El abogado de los servicios jurídicos de la Junta ha explicado que esta empresa "podía haberse presentado al concurso como Minorbis o Emerita, pero no lo hizo, por lo que no puede hablar de pérdida de oportunidad y esa cuantía de 7 millones ya fue desestimada en el contencioso".

El abogado Juan Carlos Alférez, que defiende a los empresarios de Magtel, los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, ha apuntado en su intervención que el "desafío jurídico" de este juicio consiste en valorar si los magistrados de la Audiencia pueden hacer "de instructores" y también ha calificado de "incomprensible" la indemnización que reclama Andalucía Mining, al tiempo que ha solicitado que se expulse del proceso la acusación por el delito de negociación prohibida a funcionarios, puesto que en ningún momento de la instrucción se les han imputado hechos que pudieran ser incardinables en este delito.

La defensa del ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, que ejerce el letrado Alfonso Martínez Escribano, ha insistido en la falta de legitimación de Andalucía Mining para ejercer la acusación particular, y ha dicho sobre la acusación de Emerita que esta sociedad había incurrido en "causa de disolución" y carecía de solvencia para el proyecto, por lo que se trata de un caso de "pérdida sobrevenida de la legitimación" y el efecto debe traducirse en la pérdida del "fundamento para ejercer la acusación en este proceso".

A esta primera sesión del juicio han acudido una veintena de funcionarios de la Junta, que han querido mostrar su apoyo a los compañeros acusados. Entre los asistentes se hallaba el que fuera interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, que también pasó por una situación similar cuando fue enjuiciado en el caso del procedimiento específico de los ERE, del que finalmente fue absuelto con todos los pronunciamientos favorables.

El juicio se reanudará mañana cuando la Fiscalía, que pide la absolución de todos los acusados, y las acusaciones particulares se pronuncien sobre las cuestiones previas planteadas por las defensas.