La aldaba
Carlos Navarro Antolín
La alegría de Fito
La ecijana Rosario Bermudo ha presentado recientemente una querella criminal contra su hermano, Leoncio González de Gregorio, hijo del esposo de la histórica Duquesa Roja, María Teresa de Silva. El proceso judicial, iniciado en el Juzgado de Soria a principios de 2025, tiene como trasfondo un posible delito de alzamiento de bienes o de insolvencia punible en el contexto de una disputa hereditaria que afecta a varios miembros de la familia González de Gregorio. La acción judicial se basa en múltiples pruebas que apuntan a la ocultación de activos bancarios por parte de Leoncio González de Gregorio, con el objetivo de impedir que su hermana Rosario pueda cobrar la deuda reconocida en sentencia firme, según ha explicado el abogado Fernando Osuna.
Según el escrito elevado al juzgado, la disputa se deriva directamente del proceso hereditario tras el fallecimiento del marido de la Duquesa Roja, donde se asignaron determinadas cantidades económicas a los descendientes. Mientras que los otros tres hermanos implicados habrían satisfecho prácticamente toda la deuda con Rosario Bermudo, Leoncio González de Gregorio se encuentra señalado por una presunta conducta dirigida a evitar el pago de su obligación. Entre las pruebas recabadas, destacan informes de movimientos bancarios y órdenes directas a la entidad financiera para cancelar y ocultar fondos que superaban los 100.000 euros, sumas que estaban siendo reclamadas judicialmente.
El núcleo de la demanda reside en la averiguación patrimonial realizada en marzo de 2025, de la que se desprendía que el mismo contaba con unas cuentas de valores en una entidad bancaria. Según el letrado, "resulta absolutamente trascendental el extremo referido en tanto que resultando acreditado que el querellado disponía de dichos saldos en las referidas cuentas que podrían haber cubierto casi la totalidad de la deuda reclamada por la querellante, Rosario Bermudo, y conociendo Leoncio la existencia de dicha deuda y de su reclamación en vía de ejecución por mi representada, dio instrucciones a su entidad bancaria para cancelar, ocultar o disponer de dichas sumas en perjuicio de la realización del crédito por parte de Rosario Bermudo, dado que poco tiempo después de la averiguación patrimonial realizada por el juzgado, se pudo comprobar que ni las cuentas ni los saldos existentes en las mencionadas cuenta de valores existían".
La calificación jurídica provisional de los hechos apunta a la comisión de un delito de alzamiento de bienes, según la reiterada doctrina del Tribunal Supremo, que entiende como constitutivo de este ilícito que para que exista delito deben concurrir simultáneamente "un crédito previo contra el deudor, la ocultación total o parcial de bienes, la generación de insolvencia o dificultad en la ejecución y un claro propósito de perjudicar al acreedor".
Por otra parte, se ha solicitado al juzgado la imposición de una fianza de 101.472 euros, equivalente al valor de los activos que habrían sido retirados u ocultados, a fin de garantizar el pago de las responsabilidades civiles derivadas del procedimiento. La pieza separada solicitada servirá para la investigación exhaustiva de la existencia de otros bienes propiedad de Leoncio González de Gregorio que pudieran verse afectados por una medida cautelar de embargo.
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