La Fiscalía pide que más miembros de la Casa de Alba sean investigados por los presuntos pozos ilegales de Doñana

La Fiscalía ha pedido al Juzgado de Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor que amplíe seis meses más el plazo de instrucción de la causa relativa a los nueve pozos supuestamente no autorizados de la finca Aljóbar, en el término municipal de Aznalcázar, causa en la que figura como investigado Luis Martínez de Irujo como representante legal de la empresa Eurotécnica Agraria, gestora de los terrenos.

En un escrito elevado al juzgado y recogido por Europa Press, la Fiscalía solicita la prórroga del plazo de instrucción al considerar que son indagados "hechos que serían cuanto menos constitutivos de un presunto delito contra el medio ambiente, vista la extracción sistemática y de carácter industrial de agua en una superficie muy extensa y mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural".

También pide que sean citados como investigados "los diferentes miembros del consejo de administración" de la empresa Eurotécnica Agraria, así como la propia entidad como persona jurídica, y que "se oficie a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a fin de que a la mayor brevedad, remita copia de cuántos expedientes sancionadores" haya incoado contra la empresa en cuestión. Según los últimos registros mercantiles, en ese consejo de administración figuran varios miembros de la Casa de Alba, como Eugenia Martínez de Irujo y sus hermanos Cayetano y Fernando, entre otros.

Luis Martínez de Irujo ya declaró

En un auto del 31 de enero, el juzgado citó a declarar como investigado a Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, nieto de la duquesa de Alba, en el marco de la instrucción abierta por supuestas extracciones de agua no autorizadas en la finca Aljobar de Aznalcázar, con un "impacto colateral" en el entorno de Doñana. El investigado contó al juez que en 2016 heredó la finca de su abuela, justo cuando estaba finalizando la construcción de la gran balsa de agua con la que cuenta este espacio, y que no se encarga de la gestión directa de la finca aunque figure como representante legal de la empresa que explota los terrenos.

Según fuentes judiciales, también manifestó que la finca carecía de medidores volumétricos del agua usada y que desconocía que hubiese incidencias con la gestión del agua. Fue a raíz de la denuncia de la CHG de 2023 cuando comenzó la labor de regulación de los mencionados pozos, al no ser consciente de la situación antes.

Esta citación judicial se produjo tras un informe pericial que, según indicaba el mismo auto, concretaba e individualizaba posibles "daños sustanciales" al medioambiente en extracciones "ilegales" de agua a un acuífero y su entorno natural asociado. Tras la recepción de un informe pericial anunciado por la Fiscalía de Medio Ambiente, el juez decidió citar a ese investigado como representante legal de la sociedad explotadora de la finca e impuso nuevas medidas cautelares.

En concreto, el magistrado acordó el precinto de ocho pozos "no autorizados" por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (luego fueron nueve) detectados en la finca Aljóbar y la retirada de las bombas y demás equipos instalados para la extracción de aguas de la cuenca. Incluso autorizó el "uso proporcionado de la fuerza", si fuera necesario para ello, y apercibió a la parte investigada de la posible comisión de un delito de desobediencia a la autoridad judicial si quebranta el precinto o continúa con el uso de esos pozos no autorizados.

El juzgado explicaba en su auto que los hechos investigados serían constitutivos de un posible delito contra el medio ambiente y señalaba la existencia de ocho pozos no autorizados, precintados "en fechas recientes" por la autoridad administrativa y que habrían vuelto a ser usados "sin haber sido legalizados ni estar dotados de los preceptivos contadores volumétricos".

El informe técnico de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil calcula los metros cúbicos que habrían sido extraídos por medio de esos pozos no autorizados teniendo en cuenta un periodo de tiempo desde 2014 a 2024, la cantidad de metros cúbicos necesarios para el cultivo de la superficie y el volumen sí autorizado por la Confederación para el riego.

"Se está ante un acuífero (...) conectado hidráulicamente con el acuífero Almonte-Marismas y el río Guadiamar, que a su vez nutren al Parque Nacional de Doñana, cuyas aguas subterráneas y marismas son las responsables de reserva ecológica tan importante que constituye ese Parque Natural, cuyo deterioro en los últimos años es un hecho notorio indiscutible", indicaba el auto.

El juzgado consideraba por tanto que existen indicios de "daño sustancial" al medio ambiente con esas captaciones de agua no autorizadas, con "impacto colateral" en el Parque Nacional de Doñana y, en consecuencia, a su avifauna, según el reciente auto sobre esta causa, en la que está personado Ecologistas en Acción.

La versión de la empresa

En octubre de 2023, la empresa reaccionaba a esta investigación desligando a Eugenia Martinez de Irujo de la gestión de la entidad y asegurando que la extracción de agua "en ningún momento ha superado el volumen máximo aprobado por la CHG". En un comunicado, Eurotécnica Agraria aseguraba que Luis Martínez de Irujo "es el miembro del consejo responsable de la gestión de la finca Aljóbar" y defendía que Eugenia "no ha participado nunca en la gestión de la explotación" agrícola de naranjos de dicha finca.