Fraude en prestaciones

El macrojuicio por fraude al paro termina con un absuelto y 28 conformidades

  • Dos de los 31 acusados se declaran inocentes

  • El cabecilla ve rebajada su condena a 18 meses por identificar a otros imputados

Los acusados durante el juicio Los acusados durante el juicio

Los acusados durante el juicio

La Audiencia de Sevilla dejó este miércoles visto para sentencia un macrojuicio por fraude en prestaciones de paro e incapacidad. Fueron 109 las altas fraudulentas en la Seguridad Social pero solo llegaron a juicio 31 personas, de las que 28 reconocieron el delito y se conformaron con la condena, un hombre fue absuelto y dos procesados se declararon inocentes y sus abogados dijeron que las pruebas contra ellos están “cogidas con alfileres”.

El juicio estaba previsto para cuatro días pero solo hicieron falta dos ya que 28 perceptores indebidos reconocieron el delito y el fiscal rebajó su petición para ellos de los dos años de cárcel anteriores a cuatro meses (para quienes hayan devuelto parte o todo lo recibido) y seis meses (para quienes no hayan devuelto nada).

Inicialmente fueron 109 las personas dadas de alta fraudulentamente en dos empresas inmobiliarias, pero solo llegaron a juicio las que lo hicieron después de enero de 2013, cuando el delito se tipificó también para los perceptores. Alguno había conseguido ver reconocidas prestaciones de paro o incapacidad de hasta 10.224 euros.

El fiscal y el letrado de la Seguridad Social retiraron los cargos contra un único procesado, Jesús Z.C., que trabajó en las empresas investigadas cuando sí que tenían actividad, en el año 2008, y las ayudas que recibió fueron por un accidente de moto ocurrido mucho tiempo después, en 2013.

Se da la circunstancia de que el cabecilla de la red, el empresario Jesús V.F., vio rebajada la petición de condena contra él de los seis años anteriores a 18 meses. El fiscal le aplicó la atenuante de dilaciones en la administración de justicia y de “confesión extemporánea” pues en el juicio “ha colaborado de forma activa y ha reconocido a otros imputados”. La misma atenuante aplicó a uno de sus colaboradores y a una perceptora de ayudas.

No reconocieron ninguna irregularidad dos personas acusadas por el fiscal de actuar en la captación de beneficiarios: Angel V.F., hermano del presunto cabecilla, y Rafael D.Q., por lo que el fiscal mantuvo para ellos una petición de dos años y dos años y ocho meses de cárcel.

“Una gran injusticia” la rebaja de condena al cabecilla

Los abogados de estos dos últimos fueron los únicos que expusieron su informe de defensa ante la Sección Tercera de la Audiencia. El defensor de Angel V.F. afirmó que las pruebas “están cogidas con alfileres” pues a su cliente solo le identificó como captador de beneficiarios uno de los “arrepentidos” y una funcionaria de Policía.

“Cuando le pregunté si se conformaba, me dijo que no porque prefiere dos años siendo inocente a cuatro meses reconociendo que es culpable”, afirmó el defensor.

Respecto a Rafael D.Q., su abogada destacó que solo le involucró como captador de beneficiarios la acusada Deysi S.V. pero esta mujer “mintió para proteger y no dar el nombre de su pareja”.

Aseguró la letrada que su cliente solo percibió un subsidio en 2014 tras haber estado en la cárcel por una causa diferente, pero en este asunto “nunca cobró prestaciones, no intermedió y no se lucró”.

La letrada planteó la paradoja de si “no conformarse es no colaborar con la justicia”, y dijo que “se cometería una gran injusticia” si su cliente fuese sentenciado  a dos años y 8 meses mientras que el cabecilla ha visto rebajada su posible condena de seis años a 18 meses.

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