El funcionario de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla que en algo menos de siete meses tramitó decenas de transmisiones de vehículos de manera irregular, sin aplicar las tasas legales a las catorce personas a cuyo nombre puso la propiedad de los coches pero acordando con ellas una tarifa cuyo importe se quedaba, ha sido condenado en firme a dos años y dos meses de cárcel, a pagar distintas indemnizaciones por un importe total de casi 9.000 euros y a no volver a trabajar en el sector público en casi cuatro años. Así consta en la sentencia, que fue dictada el pasado 26 de febrero, el mismo día en que se alcanzó un acuerdo previo al juicio, y ha sido notificada a las partes este lunes.

Según figura en la resolución de la magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado, Antonio Miguel G.F. deberá pagar 6.506,64 euros a la Agencia Tributaria por los impuestos que no se abonaron a Hacienda, que se corresponden exactamente con esa cantidad; y 2.396,57 euros a Tráfico por las tasas oficiales no cobradas de forma reglamentaria (1.922,40 euros más intereses). En total, 8.903,21 euros por los perjuicios ocasionados a ambos organismos públicos. La mayor parte fue consignada por el inculpado antes de la vista oral, de modo que así se ganó la atenuante de reparación del daño.

Este soborno masivo iba a ser juzgado en marzo por un jurado popular, pero las partes negociaron durante meses para evitar la vista oral y hace justo una semana firmaron la conformidad en la Audiencia Provincial. El funcionario aceptó una pena de 26 meses de cárcel y ni siquiera entrará si abona una multa bastante asequible (1.890 euros) y el total de la indemnización. También ha sido inhabilitado para ocupar un cargo público o dedicarse a cualquier trabajo también público durante tres años y once meses.

Los hechos ocurrieron entre el 12 de enero y el 5 de agosto de 2016. El funcionario, de 39 años, tramitó en esos poco menos de siete meses decenas de transmisiones de vehículos por el procedimiento de concesión obligada pero, en vez de aplicar las tasas correspondientes, cobró entre 150 y 800 euros a las personas a cuyo nombre puso la propiedad de los coches y se quedó ese dinero. Si las hubiese tramitado correctamente, lo legal habría sido ingresarlo en la Agencia Tributaria y en Tráfico.

Esas transferencias, además, no podían realizarse por el método de concesión obligada porque los vehículos presentaban distintas limitaciones: algunos sufrían embargos, otros estaban de baja temporal, una buena parte estaban notificados por compra y dos procedían de personas ya fallecidas. El funcionario, además, expidió varios duplicados de permisos de circulación. Y todo esto lo hizo “con ánimo de enriquecerse de forma injusta”.

Las irregularidades no terminaron ahí. Antonio Miguel G.F. también “hizo desaparecer o destruyó” los expedientes correspondientes a esos vehículos, con lo que pervirtió otra de las tareas que tenía encomendadas: custodiar los documentos durante la recepción y tramitación del expediente hasta su archivo definitivo en la Jefatura.

El funcionario se exponía inicialmente a una petición de condena de doce años de cárcel en total: seis por un delito continuado de cohecho, cuatro por falsificación de documento oficial y dos por infidelidad en la custodia de documentos. La Fiscalía también solicitaba 19 años de inhabilitación para empleo o cargo público. Las negociaciones de su abogado, sin embargo, dieron fruto y se traducen en la condena final aceptada por el implicado, que es de un año y dos meses por el cohecho, nueve meses por la falsedad y tres meses por la infidelidad en la custodia. En cuanto a la inhabilitación especial, serán dos años y ocho meses por el cohecho, nueve meses por la infidelidad en la custodia y seis meses por la falsificación.

La clave para tan sustanciosa rebaja es la aplicación de la atenuante de drogadicción en los tres delitos (tenía disminuidas sus facultades por el consumo de sustancias estupefacientes), que sólo en el cohecho se suma a las de reparación del daño (ya ha pagado algo más de 8.000 euros para afrontar su responsabilidad civil ante Hacienda y Tráfico) y la muy cualificada de dilaciones indebidas (por la lentitud del proceso judicial).

El funcionario no es el único condenado. También lo han sido trece de los otros catorce acusados, diez particulares y tres empresarios de la compraventa de vehículos que se concertaron con el principal investigado para obrar al margen de los protocolos de Tráfico. Diez fueron penalizados con un año y dos meses de cárcel por cohecho continuado (uno lo acató a regañadientes y tildando aquello de “barbaridad”) y otros tres, con nueve meses por un delito simple de cohecho. Las acusaciones del fiscal fueron aceptadas por todos ellos.

Sólo una de estas trece personas entrará en prisión, debido a sus antecedentes y a las causas que aún tiene pendientes con la Justicia. Para el resto, el fiscal tampoco se opuso a que se les suspendiera la ejecución de las penas de reclusión después de que cada uno consignase 400 euros a modo de indemnización antes de la vista. Hay un acusado que también deberá abonar una multa de 1.080 euros para librarse de acabar en un centro penitenciario. Y falta otro que está en busca y captura y que será juzgado cuando las autoridades lo atrapen.