La corrupción tiene unos tentáculos tan largos que envenenan cualquier esfera en la que haya un mínimo de poder. El último ejemplo en Sevilla es un funcionario de la Jefatura Provincial de Tráfico que en algo menos de siete meses tramitó 133 transmisiones de vehículos de manera irregular, sin aplicar las tasas legales a las catorce personas a cuyo nombre puso la propiedad de los coches pero acordando con ellas una tarifa cuyo importe se quedaba. Este soborno masivo iba a ser juzgado próximamente por un jurado, pero las partes negociaron durante meses para evitar una vista oral larga y, por qué no decirlo, tediosa. El lunes firmaron la conformidad en la Audiencia Provincial. El funcionario aceptó una pena de 26 meses de cárcel y ni siquiera entrará si abona una multa bastante asequible.

Los hechos ocurrieron entre el 12 de enero y el 5 de agosto de 2016. Antonio Miguel G.F., de 39 años, tramitó las transmisiones por el procedimiento de concesión obligada pero, en vez de aplicar las tasas correspondientes, cobró entre 150 y 800 euros a las personas a cuyo nombre puso la propiedad de los coches y se quedó ese dinero. Si las transmisiones de los vehículos se hubiesen tramitado correctamente, lo legal habría sido ingresarlo en la Agencia Tributaria. En total, el importe de las tasas oficiales no cobradas de forma reglamentaria llegó a 7.960,77 euros.

Esas transferencias, además, no podían realizarse por el método de concesión obligada porque los vehículos presentaban distintas limitaciones. Según el escrito de la Fiscalía, con el que el acusado mostró su conformidad, 27 vehículos sufrían embargos, 12 estaban de baja temporal, 18 estaban notificados por compra y dos procedían de personas ya fallecidas. El funcionario, además, expidió ocho duplicados de permisos de circulación. Y todo esto lo hacía “con ánimo de enriquecerse de forma injusta”. Así quedará reflejado en la sentencia, que el lunes ya fue dictada y declarada firme en la sala por la magistrada-presidenta.

Las irregularidades no terminaron ahí. Antonio Miguel G.F. también “hizo desaparecer o destruyó” los expedientes correspondientes a esos vehículos, con lo que pervirtió otra de las tareas que tenía encomendadas: custodiar los documentos durante la recepción y tramitación del expediente hasta su archivo definitivo en la Jefatura.

El funcionario se exponía inicialmente a una petición de condena de doce años de cárcel en total: seis por un delito continuado de cohecho, cuatro por falsificación de documento oficial y dos por infidelidad en la custodia de documentos. La Fiscalía también solicitaba 19 años de inhabilitación para empleo o cargo público. Las negociaciones de su abogado, sin embargo, dieron fruto y se traducen en la condena final aceptada por el implicado, que es de un año y dos meses por el cohecho, nueve meses por la falsedad y tres meses por la infidelidad. La clave es la aplicación de la atenuante muy cualificada de drogadicción en los tres delitos (tenía disminuidas sus facultades por el consumo de sustancias estupefacientes), que sólo en el cohecho se suma a las de reparación del daño (ya ha pagado algo más de 8.000 euros para afrontar su responsabilidad civil ante Hacienda, la Junta de Andalucía y Tráfico) y dilaciones indebidas (por la lentitud del proceso judicial). Y además Antonio Miguel G.F. no entrará en prisión si paga una multa de 1.890 euros.

El funcionario no es el único condenado. Corrieron la misma suerte trece de los otros catorce acusados, diez particulares y tres empresarios de la compraventa de vehículos que se concertaron con el principal investigado para obrar al margen de los protocolos de Tráfico. El escrito del fiscal fue aceptado por todos ellos. Diez fueron penalizados con un año y dos meses de cárcel por cohecho continuado (uno lo acató a regañadientes y tildando aquello de “barbaridad”) y otros tres, nueve meses por un delito simple de cohecho.

Sólo uno de estos trece entrará en la cárcel, por mor de sus antecedentes y de las causas que aún tiene pendientes con la Justicia. Para el resto, el fiscal tampoco se opuso a que se les suspenda la ejecución de las penas de reclusión después de que cada uno consignase 400 euros a modo de indemnización antes de la vista. Hay un acusado que también deberá abonar una multa de 1.080 euros para librarse de acabar en un centro penitenciario. Y falta otro que está en busca y captura y que será juzgado cuando las autoridades lo atrapen.

Una obra en el Salón de Plenos

El caso del soborno al funcionario de la Jefatura Provincial de Tráfico entrará en la historia de la Audiencia de Sevilla porque nunca antes había habido un juicio con jurado popular con semejante cantidad de acusados: quince (trece hombres y dos mujeres). Gracias al acuerdo de conformidad alcanzado por las partes ni siquiera tuvo que constituirse el jurado, pero eso no impide marcar esta vista como un hito sin precedentes en las vetustas dependencias del Palacio de Justicia por el récord de encausados. De hecho, si el juicio se hubiese celebrado íntegro, ayer mismo habría empezado una pequeña obra para que en el estrado del Salón de Plenos hubiesen cabido las más de 40 personas que habrían intervenido: las tres que se sientan en la mesa presidencial; catorce acusados, cada uno con su correspondiente abogado o abogada; y los once jurados (nueve titulares y dos suplentes). Y eso sin contar a los policías que custodian la sala y los que vienen con los procesados que están encarcelados (en este caso eran dos).

Si hubiese habido juicio íntegro, en el entarimado de la imagen deberían haber cabido unas 40 personas.

Por si sirve de ejemplo, hasta ahora el jurado con más acusados era el del triple crimen de Dos Hermanas, en el que fueron enjuiciadas siete personas, y ya hubo problemas para que cupiesen todos en la tarima donde se colocan los intervinientes.

El objetivo de la obra, que iba a ser ejecutada por la Delegación Territorial de la Consejería de Justicia en Sevilla, era triplicar la capacidad actual de esa plataforma de parqué que ocupa media sala de vistas. Los técnicos ya tomaron medidas hace unas tres semanas, pero existía un problema: esa pieza, elevada un palmo sobre el suelo natural de la sala, no podía ser alargada hacia la zona ocupada por los bancos del público y la prensa porque entonces no se podría entrar al recinto.

El cronograma del juicio preveía la declaración de catorce testigos, entre ellos la jefa provincial de Tráfico en Sevilla y cinco guardias civiles, y dos peritos.