Los gerentes del SAS defienden la extensión de los contratos de emergencia ante la "demanda impredecible" de asistencia

Los gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han defendido este martes ante el juez la extensión de la contratación de emergencia, que investiga un juzgado de Sevilla, ante la "demanda impredecible" de asistencia por parte de los ciudadanos, una demanda que, según han afirmado, "desbordaba" las capacidades de actuación del sistema sanitario público andaluz, por lo que ante esa situación no tenían otra opción que acudir a esa contratación urgente.

El juez de Instrucción número 13 de Sevilla ha tomado declaración este martes a la actual gerente del SAS, Valle García, y a sus predecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas. Valle García fue la primera en llegar a los juzgados del Prado de San Sebastián, tan sólo unos minutos después de las nueve de la mañana, a pesar de que su comparecencia se producía tras la declaración de los dos gerentes anteriores y estaba prevista inicialmente para las 11:30 horas.

Según han explicado fuentes del caso, tanto Valle García como Diego Vargas han señalado en su declaración ante el instructor que se limitaron a abonar con adendas los servicios prestados por los distintos hospitales a pacientes derivados en la época en la que estaban vigentes los contratos de emergencia. Los gerentes han señalado que firmaban esas adendas para introducirlas en el Sistema Integral de Gestión logística (SIGLO), lo que posibilitaba que se ordenara el pago a través del sistema de gestión integral de Recursos Organizativos de la Administración de la Junta de Andalucía (GIRO).

Diego Vargas ha insistido en que esa demanda era "imposible" atenderla con la estructura hospitalaria pública, por lo que había que extender la asistencia a otros centros hospitalarios y, de hecho, ha indicado que los hospitales que tenían autorización administrativa para operar con la administración pública (conocido como código NICA) pasó en ese periódico de 43 hospitales a 103.

En esta misma línea han refutado un informe de los interventores que señalaba que en mayo de 2021 la pandemia estaba "muy atemperada" y, por tanto, debía haberse acudido a la contratación ordinaria. Los gerentes han negado esta afirmación con los "datos de la evolución" de la pandemia que ellos manejaban.

Con respecto al cambio de fiscalización previa por el de Control Financiero Permanente, Miguel Ángel Guzmán ha alegado que en el proceso participaban el letrado jefe de la Junta de Andalucía y el secretario general de la Consejería de Presidencia, por lo que si se hubiera detectado algún problema lo habrían puesto de manifiesto, han añadido las mismas fuentes.

La imputación de la actual gerente del SAS se produjo a raíz de una ampliación de la querella que presentó el PSOE-A por las "posibles irregularidades en la contratación a través de procedimientos de urgencia por el SAS en el año 2024". La querella inicial del PSOE se dirigía inicialmente contra los ex gerentes del SAS Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, quienes firmaron las resoluciones que acordaban contrataciones de emergencia por un importe de más de 242 millones de euros en el expediente de contratación 110/2021.

La querella del grupo parlamentario socialista alude al expediente de contratación 110/2021, por el que el SAS autorizó la contratación de emergencia de servicios de asistencia sanitaria complementaria para estancias médicas por la sobrecarga de la red derivada de la pandemia por un importe inicial de 70 millones de euros pero que, no obstante, fue objeto de diversas prórrogas entre los años 2021 y 2022 hasta alcanzar el importe de 242.731.935,84 euros.

En la querella se recogen los supuestos incumplimientos y salvedades apreciadas en varios informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía en relación con estos contratos de emergencia. En concreto, el informe definitivo de control sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en los expedientes de tramitación de emergencia de la Intervención General de la Junta del año 2021 señalaba que desde el año 2020, como consecuencia de la pandemia del Covid-19, el SAS estuvo realizando contrataciones de emergencia con diversas empresas y para diversos tipos de contratos, tanto de suministros, como de servicios y obras. Estas contrataciones se realizaban al amparo del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que establece la posibilidad de tramitar contratos de emergencia "cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional".

La declaración de las interventoras

La semana pasada declararon ante el juez como testigos tres interventoras de la Junta de Andalucía, quienes aseguraron que la Administración controló correctamente la legalidad de esas contrataciones: primero con la fiscalización previa, que permitía la Intervención pusiera reparos y suspendiera algunos contratos si advertía alguna irregularidad, y a partir de octubre de 2020 con el Control Financiero Permanente, que es más flexible.

Las tres testigos reconocieron no obstante que la sustitución de un sistema por otro fue aprobada sin que existiera un informe previo de los interventores ni una propuesta del consejero de Hacienda, Juan Bravo, como era preceptivo. La modificación fue fruto de una conversación "informal" y no documentada por escrito entre los viceconsejeros de Salud y Hacienda durante el conocido como consejillo, que es la reunión en la que se tratan los asuntos que se elevan al Consejo de Gobierno.