La Junta cambió el control de los contratos de emergencia del SAS sin el informe preceptivo de los interventores

La investigación de los contratos de emergencia que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) firmó durante la pandemia de coronavirus, por importe de 242 millones de euros, vivió este martes una importante sesión en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla. Tres antiguas interventoras de la Junta de Andalucía comparecieron como testigos en esta causa, fruto de una denuncia del PSOE y Podemos. Todas aseguraron que la Administración controló correctamente la legalidad de esas contrataciones: primero con la fiscalización previa, que permitía la Intervención pusiera reparos y suspendiera algunos contratos si advertía alguna irregularidad, y a partir de octubre de 2020 con el control financiero permanente, que es más flexible. Pero también reconocieron que la sustitución de un sistema por otro fue aprobada sin que existiera un informe previo de los interventores ni una propuesta del consejero de Hacienda, Juan Bravo, como era preceptivo. La modificación fue fruto de una conversación "informal" y no documentada por escrito entre los viceconsejeros de Salud y Hacienda durante el conocido como consejillo, que es la reunión en la que se tratan los asuntos que se elevan al Consejo de Gobierno.

La maratoniana toma de declaraciones, que duró casi cuatro horas, comenzó a las 10 de la mañana con Blanca Pons, interventora central del SAS en 2022 y 2023. Ella ha sido la que más tiempo ha estado ante el juez instructor: una hora y media. La exhaustividad de su interrogatorio ha permitido que los demás hayan sido más cortos. Victoria López, su sucesora en el cargo en 2024, entró en la sala a las 11.35 y salió sobre las 12.10 horas. Después le tocó a Amelia Martínez, ex interventora general de la Junta y actual viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, que declaró durante media hora. A las 12.40 fue el turno de José Antonio Miranda, ex director general de Gestión Económica y Servicios del SAS, que terminó a las 13.25 horas. Y de ahí a las 13.50 compareció Hipólito Martínez, exdirector de Asistencia Sanitaria y Resultados.

Martínez, según fuentes judiciales, aseguró que la elección del control financiero permanente frente a la fiscalización previa en la contratación administrativa del SAS reforzó el control de los contratos de emergencia. Esa decisión fue aprobada por el Consejo de Gobierno en su reunión del 6 de octubre de 2020, en la que autorizó el Plan de Control Financiero Permanente de agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz. Ahora bien, como cualquier medida aprobada en el principal órgano de dirección de la Junta de Andalucía, antes de llegar ahí se necesitaba una propuesta del consejero del ramo (Juan Bravo en este caso), un informe o memoria de la Intervención General de la Junta y una propuesta de la Comisión General de Viceconsejeros (el 'consejillo'). Y todo por escrito, obviamente. Pero eso no ocurrió. La exinterventora admitió que no había ningún documento al respecto y explicó que la supresión de la fiscalización previa llegó al Consejo de Gobierno porque antes, en el consejillo, el viceconsejero de Salud le propuso al de Hacienda incluir ese punto, pero todo de palabra y sin reflejarlo por escrito.

En este sentido, fuentes del caso apuntan que el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz tenía previsto pedir al juez que volviese a pedir a la Junta el rastro documental de esa medida tan importante, pero desistirá tras la confirmación de que no hay documento alguno por parte de una testigo tan señalada. Los denunciantes, de todas maneras, siguen pensando que la sustitución de un sistema de control más exhaustivo por otro distinto justo en la época de más contratación administrativa no fue una casualidad.

En cualquier caso, la propia Martínez defendió que el paso de la fiscalización previa al control financiero permamente se adoptó por el volumen de contratación de emergencia que era necesario para afrontar la pandemia de coronavirus y porque las garantías que ofrecía la fiscalización previa de los contratos eran "debiles". Es más, también le dijo al juez que fueron los propios funcionarios de la Intervención General de la Junta quienes, de manera igualmente informal y sin que haya papel alguno, solicitaron ese cambio ante los "límites" y la falta de agilidad administrativa que implicaba todo el proceso de la fiscalización previa.

La testigo, por otro lado, fue cuestionada por la supuesta pérdida de fondos europeos en la segunda fase de la reforma del Hospital Militar, ahora llamado Hospital Muñoz Cariñanos, en concreto unos 47 millones de euros. La exinterventora lo negó y añadió que el Ministerio de Hacienda reconoció que Andalucía había "sobreejecutado" el Marco Comunitario de Apoyo 2014-2020 en un 117%.

Las otras dos interventoras que comparecieron antes que Martínez, por su parte, ratificaron los informes que elaboraron relativos a los ejercicios 2021, 2022 y 2023 (incluido el que cuestionó los contratos de emergencia) e insistieron en que no hubo ningún menoscabo de fondos públicos. También reconocieron que apreciaron varios incumplimientos cuando ya se había implantado el control financiero permanente, y así lo reflejaron en sus informes de 2023 y 2024, pero matizaron que la Administración siguió las recomendaciones que efectuaron al respecto.

Como curiosidad, toda la sesión se desarrolló sin que las partes pudiesen ver pruebas documentales en la pantalla que hay instalada en todas las salas de vistas y de declaraciones. El juez lamentó la imposibilidad de exhibir documentos y la atribuyó a problemas con el sistema informático que proporciona la propia Junta de Andalucía.