Justicia

Los jueces de Sevilla condenan la agresión a la juez de Segovia

  • Han existido concentraciones de repulsa al ataque en todas las sedes judiciales españolas

Concentración de jueces y fiscales en la Audiencia Provincial de Sevilla

Concentración de jueces y fiscales en la Audiencia Provincial de Sevilla / M. G.

Los jueces de Sevilla, al igual que han hecho en toda España, se han concentrado en las puertas de las sedes judiciales para denunciar el ataque con un destornillador que sufrió ayer una magistrada en la localidad segoviana de la Santa María la Real de Nieva. La juez, que anoche fue trasladada a la UCI, fue apuñalada con un destornillador en la puerta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la localidad, del que es titular la víctima. Al parecer, el atacante recibió una sentencia civil desfavorable y estaba obligado, además, a pagar costas de 1.000 euros tras el juicio.

El juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, explicó tras la concentración llevada a cabo en la puerta de la Audiencia Provincial, que este tipo de acciones "no se deben volver a repetir" y que "afortunadamente, son hechos aislados puesto que la mayoría de los ciudadanos tienen respeto por el poder judicial". Guerrero añadió: "Es un hecho concreto, pero no se debe dejar que pase inadvertido para la ciudadanía algo tan grave como este ataque".

El CGPJ ha emitido un comunicado en el que condena el ataque y recuerda que existen cauces procesales "legalmente predeterminados, con las garantías constitucional y establecidas,pudiendo las partes discrepar de las resoluciones judiciales mediante los recursos pertinentes". Asimismo, considera inadmisible acudir a la violencia "como forma de discrepancia, atentando con ello tanto contra la integridad de la juez como contra el papel constitucional que ejerce".

Los presidentes de los tribunales superiores de justicia se han sumado a las muestras de rechazo de este ataque. En un comunicado han expresado su apoyo a la jueza agredida y han querido "enfatizar la trascendencia de la desplegada contra quienes en el Estado de Derecho tienen encomendada la función de resolver pacíficamente los conflictos. Todo lo cual nos causa preocupación e inquietud, como muestra de la inseguridad en que se puede tener que ejercer la función jurisdiccional".

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