La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, retoma este lunes la instrucción del caso Aznalcóllar después de que la Audiencia ordenase por segunda vez la reapertura de la causa, y lo hace volviendo a tomar declaración como investigada a la ex directora general de Industria, Energía y Minas María José Asensio Coto, quien ya compareció en el juzgado en septiembre de 2015.

Con esta comparecencia, la instructora inicia de esta forma la nueva ronda de declaraciones de los 16 imputados en la causa y en esta primera jornada, además de la ex directora general, acudirá también como investigado un miembro de la comisión técnica que intervino en la adjudicación del concurso público para la reapertura de la mina.

Este día la juez ha citado, como testigo, a la subdirectora general de Minas, Susana Sarriá Sopeña. La declaración de la testigo Susana Sarría, precisa el auto, resulta de interés para que aclare las expresiones de "matrimonio de un día" o "tus amigos los indios", que aparecen en determinados correos en relación al consorcio que podía terminar siendo adjudicatario de la explotación, Minorbis-Grupo México.

El calendario de declaraciones fijado por la juez prevé nuevas declaraciones los días 14, 21 y 28 de noviembre, así como los días 2 y 12 de diciembre, cuando declararán como investigados el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero, y los responsables de Magtel, Isidro y Mario López Magdaleno, respectivamente.

Siguiendo las órdenes de la Audiencia de Sevilla, la juez acordó en un auto ampliar la investigación de Aznalcóllar a los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, y fraude y exacciones ilegal, además del delito de prevaricación que se investigaba inicialmente.

La magistrada también ha solicitado a la Junta de Andalucía, a través de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que informe sobre los "cargos que ostentaban los miembros de la mesa de contratación y de la comisión técnica, tres meses antes de iniciarse la licitación para la adjudicación de la explotación de las actividades extractivas del recinto minero de Aznalcóllar, y los puestos que desempeñaron tras el mismo y hasta la fecha en que se expida la información referida", extendiendo esta información al que fuera secretario de la consejería de Economía e Innovación, Vicente Fernández Guerrero.

Se trata de averiguar, siguiendo el auto de la juez de la Audiencia Mercedes Alaya, si hay un posible delito de cohecho, por los posibles "ascensos" de las personas relacionadas con el concurso "a modo de recompensa por posibles actos ilícitos presuntamente cometidos".

"El parecer de la Audiencia"

La juez Patricia Fernández, que archivó la causa en dos ocasiones tras practicar multitud de diligencias y declaraciones, asegura que estas nuevas pruebas se producen para "esclarecer los extremos" consignados en el auto de la Sala y que "en el parecer de la Audiencia Provincial de Sevilla no han resultado suficientemente aclarados por el informe de la Intervención General del Estado".

Así, la instructora dice sobre el delito de prevaricación que los investigados "deberán ser interrogados acerca de la identidad de los licitadores que concurrían al concurso, en orden a esclarecer si era Minorbis -filial del grupo Magtel- o Minorbis-Grupo México, pudiendo haberse admitido la aceptación por parte de quien en principio no había participado en el concurso, por lo que a la fase inicial se refiere". Y deberán "aclararse" los requisitos imprescindibles para que las licitadoras accedieran a la segunda fase y por qué la mesa de contratación no tomó una decisión, "expulsando o apartando a Grupo México del concurso".

Sobre la segunda fase del concurso, ha "de revisarse la cuestión relativa a la acreditación de la suficiencia de medios económicos, financiero y técnicos", después de que la Audiencia apreciara "serias dudas en cuanto al compromiso técnico y financiero de prestación de medios", y "esclarecerse" asimismo por qué no se puso reparos al hecho de que Minorbis -constituida el 19 de marzo de 2014, apenas un mes antes de presentar su solicitud, "evidentemente carecía de la experiencia y solvencia técnica necesarias".

La instructora, siguiendo las instrucciones de la Audiencia, también apunta sobre la tercera fase que deberá interrogarse sobre la aceptación de la adjudicación por parte de una tercera sociedad, Minera Los Frailes, creada el 21 de enero de 2015 y adquirida el 5 de mayo de ese mismo año por AMC Mining Iberia, filial del Grupo México.

En cuanto al delito de tráfico de influencias y de fraude y exacciones ilegales, la instructora señala que se deberá discernir si Grupo México se sirvió presuntamente de las "ventajas que pudiera ofrecerle Minorbis", consistentes en "valiosos contactos en la administración pública, en particular, derivados de la buena relación que pudiera existir entre Vicente Fernández y los representantes de Magtel, los hermanos López Magdaleno", de acuerdo con el análisis de determinados correos electrónicos que se intercambiaron y que "evidenciaría la existencia de excelentes relaciones personales", además de las "coincidencias" en el extranjero aun cuando fuera para un proyecto ajeno al de la explotación de Aznalcóllar.

La juez preguntará al ex secretario general de la Consejería de Innovación, Industria y Energía Vicente Fernández y a Mario López Magdaleno por la reunión celebrada el 11 de abril de 2014 en la sede de Emerita para intentar fusionar ambos proyectos y en la que el responsable de Magtel afirmó que tenía "la llave del concurso" y para demostrárselo anunció una llamada que se produciría cinco minutos después desde la Consejería, registrándose efectivamente esa llamada por parte de Vicente Fernández, quien se había ofrecido incluso para declarar en el juzgado sobre los extremos que fueran de interés.