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Un juzgado de Carmona investiga tratos vejatorios en tres residencias de mayores

  • La Fiscalía aprecia delitos de trato degradante, desobediencia, abandono de personas con discapacidad y contra la salud pública, por la medicación que se les facilitaba

  • Las tres residencias están ya clausuradas, dos de ellas por orden de la Junta de Andalucía

La residencia "La Alegría" de Carmona, una de las dos que ha clausurado la Junta.

La residencia "La Alegría" de Carmona, una de las dos que ha clausurado la Junta. / Antonio Pizarro

Un juzgado de Carmona se encargará finalmente de investigar a dos directoras de tres residencias de mayores de la provincia de Sevilla por presuntos tratos vejatorios a los ancianos, así como por otros tantos delitos entre los que se investiga la distribución de alimentos inadecuados y hasta medicamentos "caducados".

La Fiscalía Personas Mayores y de Protección de Personas con discapacidad inició unas diligencias de investigación penal a raíz de conocer lo que estaba sucediendo en las residencias La Alegría de Carmona y las de San Lorenzo y Santa Ángela en Alcalá de Guadaíra, pero finalmente ha remitido las actuaciones a un juzgado de Carmona debido a que en el mismo se había presentado ya una denuncia por parte de los trabajadores de la primera residencia.

En el informe, que consta con más de 500 folios de documentación, el fiscal delegado de Mayores Norberto Sotomayor pide que se investigue a las dos directoras -una de ellas dirigía dos de las tres residencias investigadas- por varios delitos, entre ellos uno de trato degradante, por las "nefastas" condiciones de higiene y el hecho de que los mayores estuvieran "sin sábanas o mantas", entre otros aspectos.

El fiscal aprecia incluso un delito de abandono de personas con discapacidad, del artículo 229 del Código Pena, que castiga con penas de prisión de uno a dos años "el abandono de un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección por parte de la persona encargada de su guarda", todo ello vinculado al riesgo para la salud de estas personas.

También se investiga un delito contra la salud pública, por haber suministrado medicamentos "no prescritos, algunos caducados, o dosis no adecuadas"; otro delito de desobediencia, por haber realizado traslado de los ancianos entre las residencias incumpliendo la normativa del Covid-19, y otro de falsedad documental, por haber falsificado supuestamente los certificados para justificar esos traslados. 

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