El pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor aprobó este miércoles, con el apoyo de sus cinco grupos, una moción contra la instalación del nuevo juzgado en unas caracolas, situación que el propio alcalde, Raúl Castilla (PSOE), calificó de “indigna e inaceptable”.

El pleno extraordinario se había convocado a instancias del Grupo Independiente Sanluqueño (GIS), cuya moción criticaba la “clamorosa imprevisión y falta de diligencia” mostrada por la Junta de Andalucía, puesto que supo con 14 meses de antelación que el 30 de noviembre de 2018 debía entrar en funcionamiento el nuevo juzgado número 5 y pese a ello no adjudicó a tiempo los trabajos y finalmente instaló el órgano judicial en “el corral del actual edificio judicial”.

Junto a este texto aceptado por unanimidad, el pleno añadió una propuesta del alcalde por la que todos los grupos de comprometen a impulsar la reforma urbanística para cambiar de uso el solar que el Ayuntamiento cederá a la Junta, además de hacer una visita institucional a los juzgados e instar al gobierno andaluz para que los presupuestos de 2019 ya incluyan una partida para la nueva sede judicial.

El pleno municipal empezó por un derrotero de política local: el portavoz de IU, Vicente Terenti, criticó que este pleno extraordinario fuese a costar tres mil o cuatro mil euros a los sanluqueños en dietas, el socialista Alvaro García lamentó que la moción no hubiese sido consensuada con los demás grupos y llevada a un pleno ordinario y el portavoz del GIS, Manuel Colorado, aseguró que tal consenso era imposible porque el alcalde no convoca plenos ordinarios.

Todos los portavoces coincidieron en que los juzgados de Sanlúcar son un “punto negro en el mapa judicial andaluz” (IU), que la caracola es una instalación “indigna” (GIS), que la Junta pecó de una “falta de previsión vergonzante” (PSOE) y en que las cosas se hicieron “de una manera chapucera” (Antonio Manuel Pérez, PP). Manuel Suarez, de Alternativa por Sanlúcar, afirmó que la localidad “se merece una sede judicial digna” y abogó por la unidad de acción de todos los partidos para “al igual que sucedió con la Tesorería de la Seguridad Social, presionar a la Administración para que los nuevos juzgados sean una realidad cuanto antes”.

Finalmente, la unanimidad fue posible cuando el alcalde lamentó que la proposición del GIS estuviese “vacía de contenido porque solo plantea el problema y no la solución”. Por ello, propuso que el Ayuntamiento buscase soluciones en los aspectos en los que es competente.

Afirmó que personalmente expresó a la saliente consejera de Justicia, Rosa Aguilar, que toda la corporación municipal está “molesta con la imprevisión, que no es aceptable”. Aseguró también que, según le han transmitido los responsables de la Junta, es posible que Sanlúcar tenga en breve un sexto juzgado.

Raúl Castilla afirmó que él mismo se siente “indignado y molesto con la imprevisión”, pero matizó a continuación que también se sintió así cuando en 2003 el PSOE llegó al Gobierno municipal y se encontró el juzgado-cochera instalado en un bajo.

Finalmente fue posible el consenso y los cinco grupos aprobaron la moción con el compromiso de  impulsar las modificaciones necesarias para el solar cedido a la Junta -que debe pasar de uso educativo a servicios- y realizar una visita institucional de la corporación al actual edificio judicial.