Infraestructuras judiciales

Los jueces de Violencia advirtieron desde 2016 de las carencias del Prado

  • Denunciaron “infracciones expresas” de la ley de protección integral de las víctimas

  • Los menores serían atendidos en un “entorno inhóspito”

Uno de los nuevos despachos para los juzgados de Violencia de Género Uno de los nuevos despachos para los juzgados de Violencia de Género

Uno de los nuevos despachos para los juzgados de Violencia de Género

La Junta Sectorial de Jueces de Violencia sobre la Mujer advirtió en varias ocasiones desde 2016 de los problemas derivados de su traslado al Prado de San Sebastián, pero no ha sido hasta ahora cuando la Junta ha decidido suspender dicha mudanza, tras haber hecho un gasto de 300.000 euros.

En las actas de sus sucesivas reuniones, los jueces alertaron sobre los peligros de que en el edificio del Prado pudiesen coincidir víctima y denunciado, de los riesgos de “revictimización” de los menores de edad y de los problemas de custodia y seguridad derivados de que los juzgados del Prado iban a estar abiertos los 365 días del año.

La Junta de Andalucía anunció el pasado viernes que paraliza el traslado de los cuatro juzgados de Violencia de Género desde la avenida de la Buhaira al Prado de San Sebastián, a la vista de la oposición del sector y debido a que no se ha previsto un juzgado de guardia para esta jurisdicción en la planta baja.

Las obras de adaptación de un ala entera de dicho edificio ya estaban terminadas, con un gasto de 300.000 euros.

Los jueces de Violencia sobre la Mujer dieron la primera voz de alarma en una Junta del 15 de marzo de 2016, tras reunirse con la entonces secretaria general de la Consejería de Justicia, el director general de Medios y el secretario general de la delegación provincial.

En el acta levantada entonces, a la que ha tenido acceso este periódico, los magistrados advertían de que en la Buhaira existían diferentes posibilidades de protección a la víctima, pero en la nueva ubicación la mujer iba a tener que desplazarse desde los juzgados de Violencia, ubicados en la segunda planta, al primer piso para recibir reconocimiento forense, a la planta baja para entrevistarse con el Servicio de Atención a la Víctima y al edificio de enfrente para hablar con un fiscal.

También advertían de la ausencia de salas para que los abogados se entrevistasen con víctima y denunciado, de los retrasos derivados de que no existían estancias para los investigados, y de los peligros de “revictimización” de los menores “en un entorno sumamente inhóspito, rodeados de todos aquellos que acuden diariamente a los juzgados de instrucción”.

El riesgo “elevadísimo” de que coincidiesen víctima y agresor “supone una infracción expresa” de la ley de protección integral contra el maltrato, y además contribuiría a "aumentar aún mas la tensión familiar" según dicha acta.

El 11 de febrero de 2019 reiteraron las quejas: al no haber un juzgado de guardia de maltrato en la planta baja, el edificio de los juzgados estaría abierto los 365 días del año para acceder al  juzgado de guardia de Violencia, “con investigados y otras personas sin control en las distintas plantas, incluso en las distintas escaleras, con las consiguientes situaciones de desprotección e inseguridad tanto de las víctimas como de los procedimientos”.

Las “graves deficiencias” no fueron subsanadas en tres años

En una nueva Junta Sectorial del pasado 8 de abril, tras una inspección ocular, los cuatro jueces de Violencia sobre la Mujer se lamentaron de que las instalaciones seguían presentando “graves deficiencias” y que las carencias no habían sido subsanadas pese a que habían dado traslado de ellas a la Junta en cada reunión conjunta.

Añadieron nuevos problemas para la seguridad de los menores: las ventanas y los huecos de las escaleras se encuentran a una altura accesible para ellos y carecen de topes de seguridad.

A las mujeres denunciantes “no se les garantizará la adecuada protección” ni podrán disponer de acompañamiento. Los vigilantes y fuerzas de seguridad no podrán garantizar las diferentes entradas “ante el devenir constante de usuarios por las diferentes instalaciones” de otros juzgados, según su acta.

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