La Junta de Andalucía ha anunciado este viernes que paraliza el traslado de los cuatro juzgados de Violencia sobre la Mujer de la avenida de la Buhaira al Prado de San Sebastián, donde ya había hecho una inversión de 300.000 euros para adaptar un ala entera de la segunda planta del edificio de los juzgados.

Así lo decidieron los máximos responsables en materia de Justicia e Infraestructuras de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local tras reunirse en la sede de la Audiencia con su presidente, Damián Álvarez; con el fiscal jefe, Luis Fernández Arévalo, y con el juez decano, Francisco Guerrero.

Miguel Angel Reyes, director general de Infraestructuras Judiciales, explicó a los periodistas que la paralización se ha debido sobre todo a que los profesionales del sector les advirtieron que “podríamos incurrir en un grave error si el traslado se hacía sin ejecutar previamente un juzgado de guardia”, algo que era “una condición indispensable para el buen funcionamiento y sobre todo para la seguridad de las víctimas”.

Dado que tal juzgado de guardia no está aún habilitado en el Prado ni podría estarlo antes de la mudanza de Violencia sobre la Mujer, prevista para verano, la Junta ha reconsiderado la situación y ha optado por abandonar el proyecto.

Las instalaciones habilitadas se destinarán ahora a alguno de los juzgados de instrucción, de lo penal o de lo social que deben crearse el próximo año.

Según Reyes, los profesionales les trasladaron que “están funcionando perfectamente en la avenida de la Buhaira, que tienen las entradas separadas, tienen un sistema de seguridad controlado y no hay ningún tipo de problemas en el día a día”.

“Si el Gobierno anterior decidió ese traslado, a nosotros lo que nos dice el sector es completamente lo opuesto y sobre todo redundar en el error de trasladarnos sin tener juzgado de guardia habría sido contraproducente”, argumentó Reyes.

“Si eso es lo que nos traslada el sector, nosotros evidentemente nos acomodamos a lo que nos dicen”, añadió el director de Infraestructuras.

Las obras en el edificio de los juzgados costaron 300.000 euros y estaban adaptadas a las necesidades específicas de los juzgados de Violencia de Género, por lo que la Junta está estudiando la mejor forma de encauzar la situación teniendo en cuenta el actual reparto de jurisdicciones, con los juzgados de instrucción en el Prado, y lo penal y social en el Edificio Noga.

Reyes fue preguntado si la Junta hará caso también al sector en su oposición a que se instale la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas. “Depende de lo que nos digan. Si sus opiniones tienen peso y están bien fundamentadas, nosotros la recibiremos como estamos haciendo con todos”, dijo.

No obstante, insistió en que “a día de hoy Sevilla tiene la oportunidad de tener una Ciudad de la Justicia en Palmas Altas, hemos valorado positivamente el traslado pero estamos en negociaciones, en un estadio primario”, manifestó.