Macrocausa de los cursos de formación

Teresa Florido declara ante la juez Bolaños por las ayudas a Ojeda

  • La Fiscalía sostiene que Ojeda obtuvo de funcionarios “favores e información privilegiada”

La ex directora general de Formación, María Teresa Florido, con su abogado. La ex directora general de Formación, María Teresa Florido, con su abogado.

La ex directora general de Formación, María Teresa Florido, con su abogado. / Víctor Rodríguez

La juez María Núñez Bolaños, que investiga la macrocausa por las presuntas irregularidades en los cursos de formación, ha citado a declarar el próximo jueves, día 21 de marzo, a otras cuatro personas en calidad de investigados, entre ellas el ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas y la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo María Teresa Florido. Su citación se produce en la pieza en la que se investigan las ayudas que por importe de 52,7 millones recibieron las empresas del cuñado de esta última, el ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda.

Estas nuevas imputaciones se han producido a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, después de que la brigada central de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) remitiera un atestado en el que ha examinado numerosos correos electrónicos intervenidos en un disco duro de la sede del grupo de empresas de Ángel Ojeda (Prescal), y de los que el Ministerio Público considera que se desprenden indicios de delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y fraude y exacciones ilegales.

El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto considera que Ángel Ojeda, al que la Udef define como la “cúspide” de una organización criminal para la consecución de los cursos y el personal de su esfera, se habrían aprovechado de las “buenas relaciones” que mantienen tanto con funcionarios tanto de la dirección general como de distintas delegaciones del Servicio Andaluz de Empleo, para “obtener favores, información privilegiada e incluso influyendo en autoridades con el objetivo de acomodar normas jurídicas a sus intereses”.

El atestado elaborado por la Policía menciona correos entre el ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas y Ángel Ojeda, en uno de los cuales el empresario detalla al entonces viceconsejero que “el SAE y la Faffe realizarán en noviembre un acuerdo con la Forpe para que ésta realice, mediante adjudicación o subcontratación, los cursos de aeronáutica que se tengan que impartir y los cursos de formación del plan Proteja”.

También menciona correos electrónicos de Ojeda con su cuñada, María Teresa Florido, en los que el empresario se queja de las concesiones de subvenciones realizadas por las delegaciones provinciales del SAE, y de otros mensajes, los investigadores consideran que Ojeda está “tratando de influenciar a su cuñada para el establecimiento de unos criterios uniformes de baremación que beneficiasen a su grupo empresarial”.

Dicen los investigadores que de otros mensajes se desprende que Florido le indica a Ojeda que “no le envíe nada a su correo oficial”, aunque también su cuñado “parece tratar de protegerla, pues no se ha recogido ningún correo remitido directamente por la misma, lo cual carece de sentido según la lectura de las cadenas” de correos, a no ser que “hayan sido eliminados” con anterioridad a la intervención de los discos duros en la sede de Prescal.

Más imputaciones

Además de la imputación de Teresa Florido –que en su día fue investigada en la pieza política de los cursos, que fue archivada en 2016– y Justo Mañas, Anticorrupción pidió que se citara como investigado a Pedro Legeren, ex jefe de servicio de Programas para el Empleo; José Manuel Fuentes Doblado, ex director general de Formación Profesional Ocupacional desde 2003 y luego coordinador general de la Viceconsejería; quienes también declararán ante la juez el próximo jueves.

En relación con estos mismo hechos, la instructora ha acordado citar a declarar como investigados el 11 de abril a otras cinco personas: Alonso Solís Franco, jefe de servicio en la dirección general de Formación; Noelia Ruiz Martel, técnico de formación en el SAE; Raúl Perales Acedo, ex director del Instituto Andaluz de la Juventud; Jorge Carbajal Orduña, que fue miembro del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales; y Antonio Ortega Ordóñez, director de comunicación de Prescal.

En el atestado que ha dado pie a estas imputaciones, la Udef concluye que a través del análisis de los correos intervenidos “se confirma y constata que Ángel Ojeda es la cúspide de la organización que dirige y controla, con la única finalidad de obtener el mayor número de subvenciones de la Junta posible y enriquecerse mediante métodos irregulares e ilícitos”.

Para los investigadores de la Policía Nacional, se trata de una “organización criminal perfectamente estructurada, con Ojeda en la cúspide, y una serie de personas que actúan como testaferros, socios o colaboradores”.

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