Veintiún narcos aceptan menos de dos años de cárcel por ayudar al clan de los Lanas con el tráfico de hachís por el Guadalquivir
La Fiscalía rebaja considerablemente sus exigencias iniciales y las penas se quedan en un año y nueve meses por el tráfico de drogas más multas de 20 millones sustituibles por 20 días de arresto
Una treintena de detenidos en otro golpe al tráfico de hachís por el río
Más de una veintena de traficantes y contrabandistas que en su día colaboraron con el clan de los Lanas, una de las mayores organizaciones de narcotráfico de la provincia de Sevilla, han aceptado este lunes ser condenados a penas de menos de dos años de cárcel por traer toneladas de hachís a través del río Guadalquivir y almacenarla en naves de varias localidades antes de distribuirla. En total han sido 21 los acusados (todos son hombres) que han dado su visto bueno al acuerdo que sus abogados han alcanzado con la Fiscalía Antidroga antes del juicio, celebrado ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla. Las penas incluyen el pago de multas de 20 millones de euros por el tráfico de drogas, aunque estos condenados en particular podrán sustituir el castigo económico por veinte días de arresto. En su día, en la denominada Operación Trompo, la Guardia Civil llegó a detener a 42 personas.
Tal como relata la Fiscalía en su escrito, los hechos ocurrieron “al menos” entre abril de 2020 y enero de 2021. Los encausados, “de común acuerdo y con la intención de obtener un enriquecimiento ilícito y dificultar la investigación policial, se organizaron para llevar a cabo la actividad de importación y puesta a la venta de hachís”. Su actividad abarcaba “el transporte de las embarcaciones semirrígidas [narcolanchas] a naves donde procedían a su puesta a punto y reparación”, así como “la intendencia y logística necesaria para ello” e incluso el “avituallamiento”. Para ello contaban con “personal encargado de todas y cada una de las tareas que suponen la preparación de los operativos para el transporte de alijos de la sustancia, guarda y cuidado de las embarcaciones, controles de vigilancia, navegación…”.
El grupo estaba tan organizado que “existía una estructura” según la cual “se dividían las funciones” bajo el mando de “tres cabezas visibles”. Estos líderes “dirigían y coordinaban las distintas secciones del grupo”. La Fiscalía tilda de “esencial” la función de “comunicación y coordinación con el denominado clan de los Lanas", en concreto con un acusado que no ha podido ser juzgado porque se encuentra en situación de rebeldía.
Por estos hechos, el Ministerio Público atribuía un delito de pertenencia a grupo criminal a todos los procesados e inicialmente pedía dos años de cárcel para cada uno. También achacaba un delito contra la salud pública a diecinueve acusados, con una petición de entre seis años de prisión y cinco años y tres meses por cabeza más dos multas de casi 52 millones de euros. Cuatro encausados, además, se enfrentaban a otra solicitud de cuatro años entre rejas más una multa de 1,5 millones por un delito de contrabando. Y dos hermanos, por último, se exponían a tres años de reclusión por tenencia ilícita de armas.
Tras la negociación entre las partes, esas penas han quedado enormemente rebajadas. A saber: un año y nueve meses por el delito contra la salud pública, con dos multas de diez millones de euros sustituible por diez días de arresto por cada multa impagada; un mes y dieciséis días por el contrabando, igualmente reemplazable por una multa; tres meses de prisión y multa de 300.000 euros por el contrabando; y tres meses también por la tenencia ilícita de armas para uno de los investigados por este delito, ya que él mismo ha exculpado a su hermana.
El tribunal ha ido preguntando uno a uno a todos los protagonistas si estaban conformes con ese acuerdo, basado sobre todo en la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas (seis años han transcurrido desde el inicio de los hechos) y en la de confesión (todos han reconocido lo que hicieron). Como es natural, la respuesta unánime ha sido que sí estaban conformes. Después, el presidente de la Sala ha dejado el juicio visto para sentencia y ha emplazado a la pléyade de abogados defensores a que presenten por escrito su solicitud para suspender la ejecución de las penas carcelarias. Esto es, para que pidan que sus clientes no entren en prisión.
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