La Fiscalía de Sevilla pide seis años de cárcel para un empresario a quien encomendaron destruir 18.503 pares de zapatillas deportivas falsificadas, incautadas por la Policía Local, pero en lugar de ello reintrodujo la mayor parte de ellas en el mercado de bazares e incluso vendió algunos pares a un comerciante convencional.

Las zapatillas falsificadas eran 14.159 pares de la marca Adidas y el resto de Reebok y habían sido incautadas en una gran operación llevada a cabo a finales de 2016 por la Policía Local de Sevilla.

La mercancía se depositó el 10 de enero de 2017 en la empresa del principal acusado, a quien el juzgado de instrucción 16 de Sevilla ordenó su destrucción, según el escrito de acusación al fiscal al que tuvo acceso este periódico.

Este acusado y el dueño de la empresa que debía quemar las deportivas, “con ánimo de beneficio ilícito y sin contar con la autorización de los respectivos derechos de propiedad industrial”,  solo destruyeron parte de ellas, pese a lo cual cobraron a Adidas 4.223 euros por “traslado y destrucción de la mercancía”.

La realidad es que el acusado guardó buena parte de las cajas de zapatos en un almacén de su propiedad y se las entregó al dueño de dos bazares chinos en Montequinto (Dos Hermanas) y La Algaba, donde la Policía finalmente incautó 22 y 19 pares.

Además, vendió otros 20 pares al encargado de una zapatería convencional, que pagó 50 euros por cada par aunque “sin que conste que conociera su ilícita procedencia”.

En el almacén del primer acusado se encontraron todavía 1.056 pares de las deportivas falsificadas, precisa la Fiscalía, que añade que el perjuicio total causado a las marcas afectadas es de 36.637 euros y el beneficio que habrían obtenido los acusados en caso de concluir su operación habría sido de 10.305 euros.

Con independencia del juicio que por la falsificación va a celebrarse en el juzgado penal 4, ahora la Fiscalia imputa al principal acusado por presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y contra la propiedad industrial, por cada uno de los cuales pide 2 años de prisión y multas de 3.240 euros, 2.700 euros y otra del triple de la cantidad defraudada.

Para el dueño del bazar chino, la Fiscalía pide un año de cárcel por venta de productos falsificados, además de la obligación para ambos de indemnizar a las marcas perjudicadas en 36.637 euros.