“Esto no es una sentencia. Es una vergüenza, una aberración, una locura...”. Con estas palabras resume Juan José Jiménez, el padre del legionario fallecido por un disparo de su sargento durante un ejercicio en el campo de Agost (Alicante), el fallo del Tribunal Militar Territorial Segundo, con sede en Sevilla, que ha dejado la condena al soldado homicida en tres años, diez meses y veintiséis días de cárcel. La “indignación” del padre de la víctima es doble. Por un lado, porque esa pena está alejadísima no ya de lo que pedían los progenitores (34 años por asesinato y por inducir a otros testigos a mentir), sino también de lo que reclamaba la propia Fiscalía (siete años, un mes y quince días en total). “Sale con unas vacaciones pagadas en Alcalá Meco y en cinco o seis meses estará fuera por buena conducta”, augura. Y por otro lado, porque el resto de acusados, desde el capitán a otros caballeros legionarios, han sido absueltos a pesar de que el primero ordenó mentir para encubrir la actuación homicida del sargento y los demás así lo hicieron.

La sentencia considera probado que el 25 de marzo de 2019, durante unas maniobras, el pelotón que comandaba el sargento Saúl Antonio G.P. realizó un ejercicio de asalto a una pequeña cresta o merlón y él mismo participó “efectuando disparos”, aunque no debió hacerlo. Al finalizar la práctica, al contrario de lo que estaba planificado, “ordenó continuar subiendo todos” a lo alto del montículo. Él mismo siguió disparando y uno de los proyectiles alcanzó al legionario Alejandro Jiménez Cruz tras rozar primero el culatín de su fusil. Durante el juicio, los peritos de la Guardia Civil desmontaron la teoría del acusado de que el impacto había sido fruto de un rebote y afirmaron que la bala “fue disparada” de manera “directa”. También explicaron que el sargento disparó siete veces en lo alto del merlón, aunque el tribunal no acredita si lo hizo “por encima o entre los legionarios que estaban delante”.

El encausado “actuó con culpa consciente” y protagonizó “una acción imprudente” que provocó la muerte de su compañero. Ahora bien, matiza el tribunal, “en la culpa consciente no se acepta como probable el hipotético daño”. Por eso, aunque él fue el autor del disparo mortal, “no se puede determinar con absoluta exactitud todos los detalles fácticos de la conducta”, matiza la Sala, que no tiene la “absoluta certeza” sobre la forma en que se ejecutó ese disparo, de ahí la disminución de la condena.

Saúl Antonio G.P., el sargento homicida y único condenado, durante el juicio.

El fallo impone a Saúl Antonio G.P. una pena de dos años, ocho meses y seis días por un delito de eficacia del servicio con resultado de muerte y otra de un año y dos meses por dos delitos de abuso de autoridad. También deberá indemnizar a los padres de la víctima con 208.294,82 euros. “A mi hijo no lo voy a recuperar y su dinero no lo quiero”, responde el padre de Alejandro.

“Me he saltado los fundamentos de la sentencia, he ido al fallo y he alucinado. Pone que le pegó el tiro, que no debía disparar, que el capitán mintió... Es un sinsentido, no tiene razón de ser. Si la Fiscalía ya bajó el listón y pidió siete años, ¿cómo le caen dos por el homicidio?”, se pregunta Juan José Jiménez.

Los demás acusados salen libres de cualquier culpa a pesar de que admitieron ante el tribunal que habían entrado en la escena del delito, cuando ya estaba precintada, y que menospreciaron al único miembro del pelotón que renegó de la versión oficial impuesta por el capitán Antonio C.R. Este es absuelto, al igual que el teniente Pablo F.S., el capitán Ricardo G.B., los cabos Alejandro R.S. y Adrián C.R. y los soldados Abel G.L. y Alejandro J.N. “Rompes un precinto de la Guardia Civil, lo reconoces y no te cae ni un día. Mandas mentir a los legionarios, lo reconoces y no te cae ni un día. Llamar justicia a esto es gratuito”, denuncia el padre de Alejandro.

“Lo que más me indigna es que el sargento va a estar sólo cinco o seis meses en la cárcel, el Estado le dará después otra vez un arma de guerra y él estará otra vez con otros chavales. Es una aberración. Le pegas un tiro a un chaval y en cinco meses está fuera. ¿A cuántos tienes que matar para que te quiten el uniforme? Esto no se puede coger por ninguna parte”, reitera Jiménez.

Respecto al abuso de autoridad respecto al otro legionario, los jueces saldan ese capítulo con una indemnización de 600 euros que deberá abonar el único condenado. “Estuvo dos años de baja por no querer mentir y le dan 600 euros”, lamenta el padre del caballero fallecido.