El perito del caso Marta del Castillo reclama 15.000 euros al decano del colegio de informática

El CEO de Lazarus Technology, Manuel Huerta, que realizó el informe pericial sobre el teléfono de Miguel Carcaño, ha demandado al decano del Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA), Pedro de La Torre Rodríguez, al que reclama una indemnización de 15.000 euros por los "graves daños morales" que a su juicio le han causado las publicaciones relacionadas con su falta de titulación para este peritaje.

En la demanda, el CEO de Lazarus sostiene que todo el argumentario del decano y del colegio responde a "desprestigiar a una persona y una entidad al hacerles aparecer como inhábiles para la tarea encomendada por un juez, con grave perjuicio para su honor, reputación y propia imagen, tanto personal como familiar en el caso de la persona física, y profesional, dado que tienen un prestigio notable labrado a lo largo de muchos años de trabajo técnicamente riguroso", señala la demanda, que añade que "pusieron una queja ante el juzgado de Instrucción de Sevilla, que ni siquiera ha contestado".

Sin embargo, sobre este último punto, es cierto que el juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla ha incoado unas diligencias previas a partir de los dos burofaxes remitidos por el colegio de Informática al Juzgado de Instrucción nº 4 de Sevilla alertando tanto de la falta de titulación del "perito" del caso Marta del Castillo como que el experto estaba mostrando las pruebas intervenidas en platós de televisión.

La demanda asegura que ni Manuel Huerta ni ningún miembro de Lazarus "ha divulgado información que afecte a derechos fundamentales de terceros, ni al secreto de las comunicaciones, ni a la intimidad personal, como tampoco se ha quebrantado en ningún momento el deber de secreto profesional" y añade que la amplia trayectoria profesional "avala la profesionalidad e integridad de todos los integrantes de Lazarus", por lo que las filtraciones, insiste, proceden de "personas ajenas a Lazarus".

El CEO de Lazarus concluye que la labor del decano de Informática es "hacer ruido en medios y quejas, pero ninguna acción efectiva porque se pondría en evidencia que sus posiciones procesales son infundadas, y sus reclamaciones son impertinentes", al tiempo que señala que otros peritos le han informado de que el colegio ha presentado querellas contra ellos y han sido archivadas.

Por todo ello, Manuel Huerta considera que se ha producido una intromisión ilegítima en su honor por medio de las publicaciones en la página web del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, algo que le ha causado "graves daños morales en su propia consideración y en su intimidad personal y familiar, que deben ser indemnizados" y que cifra en 15.000 euros.

La Audiencia de Madrid exonera al decano frente al perito del caso "Corina Larssen"

Por su parte, el Colegio de Informática ha informado en su página web de que la Audiencia Provincial de Madrid exonera al decano del CPITIA, Pedro De La Torre Rodríguez, frente a la querella por calumnias interpuesta por Juan Martos Luque, perito en el caso «Corinna Larssen». En un auto dictado con fecha 20 de Enero de 2025, se revoca el auto de 11 de enero de 2022 del Juzgado de Instrucción 46 de Madrid, en el que el Magistrado José María Escribano Laclériga acordaba continuar las diligencias previas como un procedimiento abreviado. De esta forma, queda anulado el auto de procesamiento dictado por dicho magistrado en el que se solicitaba un año de prisión y el pago de 20.000 euros de responsabilidad civil solidaria para el Decano y el propio CPITIA.

En la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid se rechaza que la profesión de ingeniero técnico en informática no esté regulada a la par que se certifica que el querellante, Juan Martos Luque, "no posee ninguna titulación oficial (ni de informática ni ninguna otra)", asegura el colegio.

La resolución de la Audiencia considera que el querellado no ha pretendido faltar al honor y en consecuencia no se aprecia contenido delictivo en esa denuncia remitida por el querellado, en su condición de Decano de un Colegio Profesional, al Consejo General para que iniciara acciones legales por un posible intrusismo profesional, ni en las subsiguientes comunicaciones por la cuenta de Twitter oficial del Colegio del que el querellado es Decano dando cuenta de aquella denuncia.

La actuación del querellado solo trataba de poner en conocimiento de los colegiados de una posible intrusismo profesional al estarse ante una profesión regulada –según entiende el investigado con cita de la página del Colegio Oficial de Zaragoza, entre otros– y haber actuado el querellante como perito judicial informático, considerando el querellando que la titulación que posee no es oficial ni homologada, por las razones que exponía en la denuncia remitida al CONCITI y que explicó con detalle en sus declaraciones judiciales como investigado. De manera que su actuación se limita a trasladar la duda razonable de que los títulos que el querellado cita en su perfil no le permiten actuar como perito judicial y que como quiera que pese a ello, había realizado una informe pericial en un procedimiento seguido ante la Audiencia Nacional, es por lo que solicitaba que se procediera a ejercer las acciones correspondientes, en defensa de la profesión y en contra de un posible intrusismo profesional, pero sin pretender en ningún momento dañar la reputación del querellante, concluye el colegio.

Aclaración de Juan Martos Luque

Con posterioridad a la publicación de esta noticia D. Juan Martos Luque ha contactado con este medio para manifestar que posee dos títulos de “Experto Universitario” expedidos por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA): uno en Derecho Informático y Peritaciones Judiciales y otro en Hacking Ético de Sistemas y Redes. En apoyo de dicha afirmación D. Juan Martos Luque ha remitido copia de una resolución judicial en la que se corrobora esa cualificación profesional.