La Fiscalía mantuvo este viernes su petición de 9 años de inhabilitación para el alcalde de Coria del Río, Modesto González (Andalucía por Sí), por la cesión de la piscina municipal sin ningún expediente administrativo y “prescindiendo de los trámites mas esenciales del procedimiento”. En su defensa, el alcalde alegó que no recibió ningún tipo de informe en contra por parte de los técnicos municipales, que se enteró de las presuntas irregularidades dos años después, cuando le llegó la denuncia de la Fiscalía, y que el sistema de cesión era el que se utilizaba en todas las instalaciones deportivas del Ayuntamiento.

El juzgado penal 7 celebró el juicio contra Modesto González y el entonces concejal de Deportes, Diego Luis Peña (PP), acusados de un presunto delito de prevaricación administrativa al adjudicar en octubre de 2013 la gestión de la piscina municipal cubierta al Club Deportivo Korah, constituido el mismo día de la firma.

En su declaración, el alcalde aseguró que “nadie le informó de la  normativa existente” ni de que la concesión fuese irregular, no recibió ninguna advertencia de reparo sino solo “informes genéricos”. Añadió que cuando recibió un requerimiento de la Fiscalía en 2015 “revisó y regularizó todas las concesiones y según las indicaciones de la secretaria municipal”.

El Ayuntamiento había decidido reabrir la piscina municipal después de varios años de cierre por la crisis dado que acumulaba pérdidas de 180.000 euros al año, según declaró el segundo procesado, Diego Luis Peña (PP), entonces  concejal de Deportes en el gobierno municipal de coalición. Afirmó también que el sistema de concesión era el que se había venido utilizando históricamente en Coria para la gestión de las instalaciones municipales dedicadas a todos los deportes.

"He firmado 17.000 resoluciones en ocho años"

En cuanto a las acusación referida a dos subvenciones al Korah (de 24.000 euros en 2015 y 18.000 en 2016), el alcalde manifestó que se dieron “igual que a otras 15 o 20 entidades, todos ellos con los informes favorables de los técnicos” y aprobadas en pleno municipal por todos los grupos. "Habré firmado 17.000 resoluciones desde que soy alcalde" hace ocho años, declaró al juez. En el caso concreto de la piscina, precisó que solo intervino en la primera toma de contacto con la empresa. 

En el juicio comparecieron varios interventores y secretarios municipales que confirmaron que el sistema de cesión era el que se había utilizado históricamente y que no hicieron una advertencia explícita de que el sistema fuese “ilegal o contrario a Derecho”. Tan solo uno de ellos elevó en mayo de 2014 un informe advirtiendo que la forma de convenio no era viable y que la concesión se debía regir por la ley de contratos públicos.

 Los dos acusados declararon que tienen estudios de Educación Infantil e ingeniero técnico industrial y carecen de formación legal, pese a lo cual la fiscal del caso mantuvo su petición de 9 años de inhabilitación por entender que debieron haberse informado de la forma correcta de tramitar la concesión.