El juicio contra Joaquin M. H Y Cristina P. C. por prostitución lucrativa y trafico de drogas, y otras cinco personas más, también por un delito contra la salud pública encara su recta final tras haber reproducida en la sala las escuchas telefónicas efectuadas por la policía a la pareja acusada. 

La Fiscalía solicita un total de diez años de cárcel para el responsable de la casa de citas, situada en Gines, y su pareja como cooperadora necesaria. Asimismo, ha considerado que las prostitutas eran "esclavas porque tenían que estar siempre disponibles, los 365 días del año", aunque los acusados afirmaron en los primeros días del juicio que ellas se organizaban sus horarios y hasta indicaban el precio por los servicios sexuales, aunque había un precio mínimo. Entre otras cuestiones  en las escuchas realizadas por la policía, Joaquín M. le indica a unas de sus empleadas que en su casa hay dos normas: "presentación forzosa de todas las que estáis allí y que el cliente salga satisfecho". Es decir, las chicas siempre tenían que estar disponibles en el momento en el que llegara algún cliente al chalet. "En el terreno laboral, esto serían cláusulas abusivas", señaló

Durante su informe final, la representante del Ministerio Público ha admitido que las pruebas contra los otros cinco encausados, cuatro encargadas del burdel y un chófer, son "endebles". De hecho, las ha considerado "casi víctimas" porque "trabajaban por unos 900 euros al mes" mientras que al responsable de la casa cita se le intervino 45.000 euros en su domicilio durante la entrada y registro de la policía. 

Según la fiscal, durante el juicio, que comenzó el pasado 15 de marzo en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla,  "ha quedado claro" que las chicas fueron sometidas por la pareja a condiciones de trabajo "gravosas, abusivas y desproporcionadas". Sobre la cantidad de droga intervenida, aunque reconoció que era poca cantidad (1,741 gramos por un lado y 4,49 por otro), existió su venta. Para ello recuerda que en las conversaciones telefónicas reproducidas durante la vista oral, un cliente insatisfecho le reclama que él no consumió los tres gramos que le cobraron. Además, señala la existencia de agravante de producirse en un establecimiento abierto al público. "La encargada se la entregaba a la chica y la chica se la entregaba a la cliente. Por poca cantidad que sea, hay tráfico", ha afirmado en su informe final.

Por su parte, la defensa de la pareja, ejercida por José María Núñez, ha recordado que en esta ocasión no se trata de una explotación de mujeres que han llegado hasta España engañadas y han terminado en un burdel, "son chicas que ejercen la prostitución libre y voluntariamente", ha afirmado. El letrado, que ha solicitado la aplicación de dilaciones indebidas y la impugnación de la cadena de custodia de la droga, ha señalado la "nula investigación policial y los errores en el atestado". Del mismo modo, se ha preguntado por qué hay otras dos encargadas que no están en el banquillo de los acusados cuando "hacían lo mismo que las que sí están acusadas".

El problema de la vanesa

Las palabras son tan importantes que en este juicio una de la claves principales es vanesa. En los audios reproducidos durante la sesión hay varias conversaciones donde tanto las encargadas como los clientes hablan de vanesa. Según explicaron los acusados en la sala, la vanesa es una caja con diferentes juguetes eróticos que las chicas utilizaban con los clientes. Al parecer, al principio se llamaba manolito y , en otras conversaciones aparece como chaleco.

Sin embargo, la fiscalía sostiene que vanesa hace referencia a la droga y que cuando el cliente contrataba los servicios de la chica y una vanesa, en realidad estaba pidiendo cocaína. El abogado de la pareja, por su parte, ha indicado que la palabra pertenece al argot de este mundo para designar los juguetes sexuales, igual que ocurre con griego francés, "palabras que nada tienen que ver con que sean nacionales de esos respectivos países".