La Fiscalía de Sevilla pedirá el viernes seis años y cuatro meses de cárcel para un hombre que consiguió hacerse con un talonario de recetas de una doctora en el centro de salud de La Candelaria y falsificó 70 recetas del tranquilizante conocido como trankimazín.

Según la Fiscalía, de no haber sido interceptado por conducción temeraria, habría obtenido 10.000 euros vendiendo los medicamentos en el mercado ilícito.

El acusado Miguel Angel B.G. consiguió hacerse, por medios desconocidos, con un talonario de recetas asignado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a una doctora de La Candelaria y con el sello de una enfermera del centro médico del Polígono Sur. 

Rellenó las recetas a nombre de cinco conocidos suyos, a los que a cambio de su colaboración para ceder sus datos de afiliación a la Seguridad Social y retirar los medicamentos de las farmacias les dio algunas pastillas, según el escrito de acusación de la Fiscalía al que tuvo acceso este periódico.

El acusado fue detenido casualmente cuando el 10 de noviembre de 2013 circulaba por la avenida de Andalucía en dirección al Polígono San Pablo “con omisión de las más elementales precauciones pues llegó a rebasar  varios semáforos en rojo”, puso en riesgo a otros usuarios y casi colisionó con una moto. Posteriormente fue detenido en una farmacia de la calle Tesalónica, donde había intentado, sin éxito, adquirir un envase de trankimazín.

De las recetas falsificadas, 34 se habían rellenado a nombre de Antonio R.G., 21 con los datos de Baldomero D.F., 9 a nombre de Jesús P.S., y tres a nombre de Francisco M.V. y Joaquín R.R.

En el juicio que celebrará el juzgado penal 4, estos cómplices se enfrentarán a dos años de cárcel cada uno. Todos ellos tienen diferentes antecedentes por delitos de robo violento, quebrantamiento de medida cautelar y lesiones.

En el caso del principal acusado, Miguel Angel B.G., la Fiscalía le aplica la agravante de reincidencia pues tiene antecedentes por delitos contra la seguridad vial, robo violento y falsedad en documento oficial, este último en el año 2010 con una condena de un año y seis meses de cárcel.

La Fiscalía solicita ahora para él tres años de cárcel por falsedad en documento oficial, dos años por un delito contra la salud pública y 16 meses por conducción temeraria. En este último caso incluye cuatro años de privación del carné de conducir.

También solicita una multa de 15.000 euros por el delito contra la salud pública y otra de 2.160 por la falsedad en documento oficial.